
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua para Karen Elizabeth Ferreyra, una mujer de 29 años que asesinó a golpes a su hija de 11 meses en Deán Funes, provincia de Córdoba.
El crimen ocurrió en la madrugada del 21 de mayo de 2016 en un domicilio de esa ciudad. La policía acudió a la vivienda familiar tras un llamado de la propia Ferreyra -quien por entonces tenía 19 años-, al notar que su hija no respiraba. Rápidamente la víctima fue trasladada al hospital Ernesto Romagosa, pero llegó sin vida.
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La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de la Novena Circunscripción Judicial. En ese momento, la investigación fue caratulada como muerte de etiología dudosa. La autopsia posterior estableció que la niña presentaba fracturas de varios días y una lesión grave en las vísceras. Así, unos días después, se ordenó la detención de Ferreyra, acusada por homicidio calificado por el vínculo.
El caso avanzó y, durante el juicio realizado en 2019, la Cámara Criminal y Correccional de Deán Funes, junto a un jurado popular, condenó a prisión perpetua a Ferreyra como responsable del mencionado delito.
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El tribunal, además, ordenó que sus otras dos hijas quedaran bajo el cuidado de familiares, con seguimiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Según el fallo, la joven tomó de los pies a su hija y la golpeó contra el piso tras una discusión con su pareja.
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La fiscal de Cámara, Mónica Elías, señaló que los testigos corroboraron que “la niña había sido golpeada y no una sola vez, era sostenido en el tiempo”. También se acreditó que una semana antes, la madre había llevado a la menor al hospital con quebraduras en tres partes del cuerpo.
Además de determinar que la beba tenía lesiones antiguas, el informe forense estableció que el golpe fatal fue en la zona hepática.
En el debate, la defensa de Ferreyra cuestionó la acusación, alegando falta de pruebas sobre la autoría y la existencia de violencia previa hacia la mujer. Pero el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba rechazó estos argumentos y sostuvo que las lesiones eran consistentes con maltrato infantil y que la única persona adulta presente era la madre.
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Tras sucesivas apelaciones, el expediente llegó a la Corte Suprema, en el último intento de la defensa para revertir la condena. Finalmente, el máximo tribunal desestimó el recurso por cuestiones formales y dejó firme la condena.
Durante el proceso, Ferreyra estuvo detenida preventivamente por poco tiempo y recuperó la libertad hasta la sentencia definitiva. Tras la condena en 2019, fue trasladada al complejo carcelario para mujeres de Bower, donde permanece cumpliendo la pena.
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