De morosos incobrables a ladrones y asesinos: se repiten los casos de delincuentes con deudas millonarias

En los últimos días, la DDI de Azul de la Policía Bonaerense capturó a uno de los acusados de participar en el asalto a Juan Martín del Potro, un hombre bonaerense llamado Walter Damián D’Amelio. En paralelo, sus presuntos cómplices, Bastián Jimenez Freurat e Ignacio Zuñiga Cartés, ambos chilenos, caían en la terminal de Retiro mientras intentaban abordar un micro a Misiones con sus documentos reales, y con sendas circulares rojas de Interpol sobre sus cabezas.

Hay un problema aquí. Los perfiles de los acusados no cuadran. Jimenez y Zuñiga tienen 29 y 22 años; son presuntos ladrones internacionales buscados por la Justicia de Estados Unidos, acusados de asaltar a atletas famosos como Travis Kelce, el novio de Taylor Swift. D’Amelio es un hombre de 39 años, argentino, con domicilio en San Martín, ex trabajador gastronomómico y beneficiario de planes sociales como el que permite acceder a una garrafa.

D’Amelio, vinculado al auto empleado en el robo a Del Potro según la investigación, debe plata. Su perfil en la Central de Deudores del BCRA -uno de los sitios web para entender a la Argentina actual- revela un rojo intenso de más de 9 millones de pesos, con créditos a dos bancos. El principal crédito está marcado por entidades crediticias como “irrecuperable”.

Esto supone un cambio. Los ladrones de antes no vivían a crédito: vivían a tiros. No le debían plata al banco, a la tarjeta de crédito, o alguna supuesta financiera. Aquí entra un problema reciente. La morosidad record es uno de los relatos de época más crudos del presente. La gente se endeuda cada vez más, y no paga.

En febrero de este año, la Cámara Argentina Fintech junto con el ITBA reveló que que un 30,5% de los créditos de billeteras virtuales, los más fáciles de obtener a tasas de interés elevadas, no eran devueltos. La consultora EcoGo determinó que los préstamos catalogados como “irrecuperables” dentro de la cartera total de crédito no bancario pasó de 2,6% en marzo de 2025 a 10,8% en marzo de 2026, lo que implica que se cuadruplicó en apenas un año.

Este problema de deudas que pasaban del verde al rojo furioso, inevitablemente, iba a derramarse en el delito, de una forma u otra. Hoy, los imputados por hechos altamente violentos o de guante blanco con deudas millonarias se repiten cada vez más, y en casos de alto perfil.

¿La situación económica de la Argentina acaso influye? ¿Roban porque deben? ¿O deben porque no les importa y roban igual? Esa es una pregunta para el juez o fiscal que los indaga. Decir que nada justifica cometer un delito, desde ya, es un pecado de literalidad.

Cuatro policías

Los ejemplos se repiten en varios niveles de intensidad, los imputados van de simples robos leves a homicidios. Maximiliano Gabriel Gorosito, el policía de la Bonaerense detenido por robar un kiosco de su barrio en Lanús este mes -filmado en primer plano por las cámaras del comercio- tuvo siete trabajos en blanco antes de ser policía. Lo contrató, por ejemplo, una conocida empresa productora de neumáticos. Debe $1,4 millones a diferentes financieras.

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, efectivo con rango de oficial de la Policía Bonaerense, miembro de la tropa especial UTOI, fue detenido por el crimen de Cristian Eduardo Pereyra. El asesinato de Pereyra, cometido en marzo de este año, se convirtió en otra marca de la época: un docente de escuela publica de Virrey del Pino empujado al pluriempleo, muerto de un tiro en medio de un asalto mientras conducía un auto de aplicación.

En el mes previo al crimen, el policía acusado había acumulado deudas por más de $1,7 millones, con créditos del Banco Provincia, billeteras virtuales y firmas de microcréditos, según descubrió Infobae en sus registros crediticios. Le debía, también, otros $190 mil a otra firma de préstamos.“El número supera su salario mensual por lejos”, asegura una fuente clave en el expediente.

Angel Espinoza, otro efectivo de la tropa UTOI, fue detenido por supuestamente robar un supermercado chino en Almirante Brown a fines de enero, adeuda también: más de #20 millones de pesos, $16 millones de un crédito del Banco Provincia, marcado con un riesgo alto de insolvencia en un sistema crediticio. Su ficha previsional muestra otros seis trabajos en blanco antes de su entrada a la Bonaerense. No existe una estadística oficial para determinar la problemática, identificada al relevar caso por caso.

Estilo Mario Fendrich

El robo de guante blanco también es parte dela historia. María Celeste Nellen, de 36 años, tesorera de la sucursal local del mismo banco, es acusada en la Justicia federal por robar, literalmente, fajos de dinero del tesoro del lugar, con un monto calculado en $40 millonesde pesos.

Imputada por el delito de peculado, o malversación de dinero público con una causa en su contra a cargo del fiscal Matías Di Lello, Nellen -algo así como la versión femenina de podría ser condenada de 2 a 10 años de prisión, con una inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

Nellen debe mucho más de lo que supuestamente robó. Su perfil en la Central de Deudores es impactante: los datos revelan que la tesorera tiene un rojo de más de $90 millones con 14 organismos como bancos, financieras, empresas de microcrédito y préstamos de billeteras virtuales. Le debe, por ejemplo, $11 millones a una firma de créditos express. El 40% de esta deuda corresponde al Banco Nación.

Secuestrada por los usureros del barrio

La usura barrial, a la que los deudores acuden cuando el sistema crediticio les cierra el camino, es otro punto incómodo en la nueva Argentina deudora donde el acreedor es víctima en vez de victimario. “De repente, se llenó”, dice un comisario de altísimo rango con mando en una sección del Conurbano. Una deuda con un prestamista que anda con una pistola al cinto, desde ya, puede terminar mal.

A fines del mes pasado, el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal detuvo a tres sospechosos en Villa Ballester y Villa Melo, en la zona norte del Conurbano bonaerense, con una causa en su contra a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Operaban en villas de la periferia de Munro y San Martín como la Melo, la Loyola o La Rana Entregaban, según la acusación, montos pequeños, pero las tasas que cobraban eran exorbitantes, literales préstamos leoninos para desesperados. Un detective del caso aseguraba: “Si les pedías $200 mil, a los 15 días tenías que devolver el doble. Dos semanas después, tenías que pagar $700 mil”.

Los acusaban de secuestrar a una mujer que les debía plata. Ex empleada de una conocida cadena de comidas rápidas, sin empleo en blanco ni planes sociales siquiera, le pidió prestado al trío.

Ya acarreaba una deuda de casi 200 mil pesos a un sitio de préstamos, marcada en el sistema bancario con un bordó casi irrecuperable desde febrero último, lo que la convertía una paria para cualquier préstamo serio. Varios de los acusados cobraban planes sociales ellos mismos.