La captura en Medellín del presunto depredador sexual mexicano Cein Quezada Ríos expuso una red internacional dedicada a la explotación sexual infantil y la pornografía infantil.
El señalado, identificado como líder de una organización delictiva que operaba en sectores de la ciudad entre junio de 2024 y agosto de 2025, enfrenta cargos por al menos seis delitos graves relacionados con menores de edad, de acuerdo con información de Migración Colombia, suminsitrada a El Tiempo.
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Cein Quezada Ríos, ciudadano de México apodado ‘El Mexicano’ y también conocido como Carlos Hernández, fue detenido en Medellín tras una investigación conducida por la Fiscalía General de la Nación.
Las acusaciones incluyen demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, uso de menores para la comisión de delitos, acceso carnal en persona incapaz de resistir, acceso carnal violento, suministro a menor, pornografía infantil agravada y proxenetismo.
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Quezada Ríos es señalado como líder de una red dedicada a captar niños y adolescentes para producir y comercializar material pornográfico, principalmente hacia el extranjero, según precisó Migración Colombia.
Así operaba la red de explotación sexual infantil en Medellín
La red empleaba métodos sistemáticos para atraer a menores cerca de colegios y parques públicos, ofreciendo promesas de dinero y otros beneficios.
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Según las investigaciones recopiladas por el medio ya citado, parte de las víctimas eran persuadidas directamente por familiares o personas del entorno vecinal, lo que facilitaba la manipulación.
El liderazgo de Quezada Ríos era central: coordinaba la selección y el engaño de las víctimas y realizaba pagos que oscilaban entre $80.000 y $1.000.000 de pesos.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, “solicitó la realización de accesos carnales y actos sexuales mediante promesa de pago en dinero y otros beneficios a personas, estas menores de 18 años de edad”.
Además, el acusado empleaba a algunos menores para captar a otras niñas y adolescentes, ampliando así el alcance de la red.
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Los videos y fotografías producidos se enviaban a contactos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, mediante aplicaciones como WhatsApp y Telegram.
Padres y familiares de las víctimas participaron en algunos casos, lo que incrementó la cantidad de personas implicadas en la red.
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Respuesta judicial y protección de las víctimas en Medellín
Tras el operativo, un juez impuso a los siete acusados, entre ellos Quezada Ríos y sus cómplices, la medida de prisión preventiva en centro carcelario.
Los menores afectados fueron retirados de su entorno y puestos bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la agencia nacional para la niñez encargada de proteger sus derechos, como informó el medio citado.
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En paralelo, las autoridades judiciales y Migración Colombia destacaron el aumento de extranjeros involucrados en delitos de explotación sexual infantil.
Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, indicó que solo en el primer cuatrimestre de dos mil veintiséis inadmitieron a 56 extranjeros por conductas similares, en su mayoría estadounidenses, y que las detenciones de ciudadanos mexicanos por pornografía infantil en el mundo pasaron de 41 y 125 en el mismo periodo.
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El proceso judicial sigue bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el objetivo de esclarecer todos los hechos y determinar si existen más víctimas o implicados fuera del país. La colaboración entre las instituciones ha permitido detener el accionar de la red, mientras las investigaciones continúan.
Las acciones estatales buscan recuperar los derechos de los menores afectados y garantizar su protección mientras el proceso judicial avanza para clarificar la responsabilidad de todos los involucrados en la red criminal desmantelada.
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