Jury por el caso Nora Dalmasso: comienzan los alegatos contra los fiscales acusados de negligencia en la investigación

El jury a los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso entra este miércoles en la recta final, con el inicio de la etapa de alegatos ante el tribunal que evalúa el desempeño de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. El jueves podrían dar el veredicto, que puede ser de absolución o destitución de sus cargos.

Los tres funcionarios están acusados de presunto mal desempeño y negligencia grave en la investigación del asesinato ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba.

Las audiencias orales y públicas se realizaron en la Legislatura durante los últimos días de abril. El tribunal, presidido por Julieta Rinaldi e integrado por legisladores provinciales y una vocal del Tribunal Superior de Justicia, escuchó 31 testimonios de ex fiscales, fiscales de cámara, funcionarios judiciales, policías, médicos forenses, especialistas en genética y otros testigos vinculados al expediente.

La acusación apunta a los fiscales por haber conducido la causa con desvíos y errores graves, principalmente por no profundizar la pista del parquetista Roberto Bárzola, quien fue identificado como presunto autor tras análisis de ADN revelados a fines de 2024.

Durante la etapa testimonial, la familia de Nora expresó fuertes cuestionamientos y relató el impacto que tuvo la investigación en su vida personal. Facundo y Valentina Macarrón, hijos de la víctima, y el viudo Marcelo Macarrón, señalaron a los fiscales por no priorizar pruebas claves —entre ellas un informe del FBI— y por orientar la causa hacia el entorno familiar.

El proceso también expuso las dificultades materiales y técnicas que afectaron la preservación de la escena del crimen. Peritos y forenses describieron la falta de insumos y problemas en la cadena de custodia de evidencias biológicas.

El médico forense Martín Subirachs declaró que el equipo convocado a la casa de la víctima no contaba con material estéril y debió improvisar durante los primeros procedimientos. Por otra parte, la genetista Nidia Modesti advirtió sobre muestras diluidas y dificultades para identificar perfiles genéticos relevantes.

Otros testimonios repasaron las distintas etapas de la investigación. Ex fiscales generales y fiscales de cámara detallaron sus intervenciones y explicaron la secuencia de decisiones que derivaron en la imputación de distintos sospechosos a lo largo de los años, entre ellos Gastón Zárate, y los propios integrantes de la familia Macarrón.

El fiscal Pablo Jávega, quien asumió la causa en 2022 y la dirige actualmente, relató cómo organizó el expediente y solicitó nuevos cotejos de ADN que derivaron en la imputación de Bárzola, punto que marcó el contraste con la gestión de los fiscales acusados.

El jury avanzó con la declaración de testigos, la producción de prueba y la resolución de incidencias procesales. El tribunal garantizó el derecho de defensa de los imputados y resolvió cuestiones preliminares planteadas por las partes, como el desistimiento de algunos testimonios y la admisión de nuevas pruebas.

Según el cronograma, los alegatos comenzarán este miércoles desde las 8.30.

Tras la jornada, el Jurado de Enjuiciamiento deberá emitir una resolución antes del 28 de mayo, con dos opciones: destitución o continuidad en el cargo de los fiscales.

Di Santo, fiscal de la causa entre 2007 y 2015, sostiene que ya en 2007 se había investigado a fondo la posible participación de los albañiles que trabajaron en la casa, incluyendo a Roberto Bárzola, mediante allanamientos, intervenciones telefónicas y análisis de antecedentes.

El funcionado también argumenta que, tras recibir un informe que indicaba un perfil genético masculino desconocido en las muestras recolectadas en la escena del crimen, no fue posible asociar el ADN a un sospechoso concreto y que ni la Policía Judicial ni el control judicial consideraron ese dato como determinante.

Daniel Miralles asumió la investigación entre 2016 y 2017 y apuntó contra Marcelo Macarrón por la presencia de su ADN. Consideró obligatorio avanzar sobre esa pista y entendió que la investigación sobre los obreros ya se había agotado en etapas previas.

Luis Pizarro, a cargo entre 2017 y 2019 y quien la elevó a juicio, planteó que el material genético encontrado en la bata utilizada para el estrangulamiento presentaba varios perfiles, lo que dificultaba determinar a quién correspondía cada uno y cuándo habían sido depositados. En ese contexto, Pizarro argumentó que no había pruebas suficientes para vincular el perfil masculino desconocido con el homicidio y que la falta de datos completos, como los resultados de la autopsia, complicaba cualquier avance firme en esa dirección.