El jury de enjuiciamiento contra tres fiscales involucrados en la causa por el crimen de Nora Dalmasso inició este martes en la Legislatura provincial de Córdoba, en un proceso que podría terminar en la destitución de los funcionarios por mal desempeño y negligencia grave.
Los acusados son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en distintas etapas de la investigación del asesinato ocurrido en 2006 en Río Cuarto, sin resolverlo.
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En la audiencia, hasta el momento, hubo dos cuartos intermedios debido a que las defensas pidieron la nulidad del proceso.
Emilio Andruet, ex juez y abogado del funcionario de Miralles, argumentó que es inconstitucional que en el juicio intervenga la fiscal general adjunta, Betina Croppi, ya que el jury debe ser encabezado por el fiscal general.
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“Este juicio ya nace viciado”, afirmó el abogado en diálogo con Puntal. Al mismo tiempo anunció que, en caso de que el jury rechace el pedido, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, por unanimidad, el tribunal rechazó los planteos de nulidad respecto de la legitimidad de Croppi, indicó La Voz.
El mismo diario reflejó las palabras del fiscal Di Santo, el primero en tomar la palabra en el proceso: “Antes que nada, voy a rechazar todas las acusaciones que se hacen en mi contra. No hubo mal desempeño porque va en contramano de todo lo que se ha evaluado en el expediente. Hay tres premisas fundamentales; es de total falsedad sostener que no se investigó a (Roberto) Bárzola”, dijo sobre el —ahora— principal sospechoso del homicidio.
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“La investigación en contra de Bárzola fue seria, profunda y acabada. Quiero dejar explicada esta línea porque parece que fue un fiscal con desinterés y les aseguro que fue todo lo contrario”, sumó.
Y remarcó: “Quieren hacer parecer como obvio lo que no lo era, no solo para mí, tampoco para ninguno de los otros fiscales que intervinieron en la causa, para la División de Investigaciones, para Análisis Criminal de la Sección Judicial, para el juez de control ni los camaristas que intervinieron. Tampoco fue obvio para la fiscalía general, que era el órgano que supervisaba toda nuestra actividad”, remarcó.
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El jury
El tribunal está presidido por la legisladora Julieta Rinaldi y cuenta con la participación de representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial local.
La acusación se centra en una serie de supuestas omisiones y errores graves cometidos durante la instrucción de la causa, considerada una de las más resonantes del país.
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La investigación del crimen de Dalmasso atravesó numerosos cambios de rumbo en casi dos décadas. Di Santo, uno de los primeros fiscales a cargo, imputó a Facundo Macarrón, hijo de la víctima, y al pintor Gastón Zárate, ambos luego sobreseídos.
Cuando, en 2015, este fiscal fue apartado, Miralles asumió en 2016 y acusó al viudo Marcelo Macarrón de homicidio calificado por el vínculo, bajo la hipótesis de que habría viajado desde Punta del Este para cometer el crimen, una línea de investigación que tampoco prosperó.
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Más adelante, Pizarro sostuvo la teoría de que el médico habría encargado el asesinato de su esposa, lo que derivó en un juicio en 2022. Marcelo Macarrón fue finalmente absuelto en ese proceso.
El rumbo de la causa volvió a modificarse en 2024, cuando el fiscal Pablo Jávega identificó al albañil Roberto Barzola como principal sospechoso, a partir de un ADN hallado en el cinto de la bata utilizada en el crimen.
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Esta prueba estaba disponible desde el inicio de la investigación, aunque no fue profundizada en su momento.
La acusación sostiene que la falta de investigación sobre Barzola desvió el foco de la pesquisa durante años y derivó en imputaciones posteriores que resultaron infundadas. Actualmente, la causa sigue en investigación.
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De esta manera, el asesinato de Nora Dalmasso cumplió veinte años y aún no hay condenados.
El proceso de enjuiciamiento contempla la declaración de unos 37 testigos, entre ellos el propio Marcelo Macarrón y sus hijos, quienes reclaman la destitución de los fiscales.
En la historia judicial de Córdoba, es la primera vez que un jury examina de forma simultánea a tres funcionarios por su desempeño en una única investigación, subrayó El Doce.
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