A un mes del crimen de Ángel López: negligencia judicial, denuncias ignoradas y el dolor de un padre que reclama Justicia

“Me siento un poco aliviado”, le dijo Luis Armando López a Infobae tras declarar este lunes ante el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, Chubut, en la causa que investiga el crimen de su hijo, Ángel.

A un mes del asesinato del niño de cuatro años, que murió el 5 de abril en el Hospital Regional, el padre expuso ante los fiscales una serie de episodios de violencia que aseguró haber denunciado hace años sin obtener respuesta y apuntó contra el accionar de la Justicia.

“Ya lo había contado en varias ocasiones al servicio de protección, a la Defensoría y a todo el mundo. Esta mujer era una violenta y una maltratadora”, le dijo López a este medio después de prestar declaración.

Este martes el hombre encabezará una marcha para pedir “Justicia” por su hijo. La movilización se realizará a las 20.00 horas en la Escuela N° 83 “General Roca”, ubicada en la Avenida Rivadavia 745.

En paralelo la querella, representada por el abogado Roberto Castillo, impulsó un jury de enjuiciamiento contra el juez de Familia que ordenó la revinculación con su madre —una decisión que, según sostienen, terminó en la muerte del chico— y presentó denuncias contra la Defensora de Menores y dos psicólogas que intervinieron en el caso.

El caso tiene como imputados a Mariela Altamirano, madre biológica del niño, y a su pareja, Michel Kevin González, ambos con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Ella está alojada en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew y él permanece en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

“Eran una pareja violenta”

Mientras la investigación avanza, el abogado que representa a Luis López, impulsa una estrategia distinta a la del Ministerio Público Fiscal. La fiscalía, a cargo del fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria Diana Florencia Guzmán, encuadró inicialmente la conducta de Mariela Altamirano como un homicidio por omisión —al no haber impedido los golpes de su pareja—. La querella rechaza ese encuadre. “Acá tuvieron un rol activo los dos: era una pareja violenta”, le dijo Roberto Castillo a Infobae.

Este lunes declararon ante la fiscalía tres testigos propuestos por la querella: Luis López, su pareja Lorena y Michel Urra, padrino de Ángel y propietario de la vivienda que el padre y Mariela Altamirano alquilaron cuando eran pareja.

En su declaración, López detalló episodios de violencia que dijo haber presenciado cuando convivía con Mariela Altamirano. Uno de ellos involucra a la mujer golpeando a Ángel con un cucharón de madera en la cabeza. También describió ataques de furia en los que ella rompía platos, puertas y muebles. “Yo tenía que comprar platos constantemente, porque cuando ella tenía ataques de ira, rompía todo”, declaró, según relató Castillo.

A su turno, Urra describió haber presenciado escenas de violencia en el espacio común de la propiedad: “No era un agarrón de oreja; eran golpes de bronca, le pegaba con bronca, lo maltrataba”, dijo.

En total, la querella ofreció siete testigos; los cuatro restantes serán entrevistados por efectivos de la policía en sus domicilios.

La denuncia que no se tuvo en cuenta

Entre las pruebas incorporadas a la investigación figura una denuncia que López radicó en una comisaría de Comodoro Rivadavia en 2023, cuando Altamirano se trasladó a Córdoba. En esa presentación, el padre advirtió que la mujer era violenta y que temía que matara al niño. “Si ella se quiere ir, yo voy a dejar que se vaya, pero nunca con mi hijo, porque es muy violenta y lo puede matar”, declaró entonces, según reprodujo su abogado. La denuncia fue localizada tras un oficio judicial.

Un testigo adicional, expareja de Altamirano en Córdoba, declaró que se separó de ella luego de verla golpear a Dante, su hijo mayor, con quien ella convivía en ese momento. “Convivimos tres meses y en un determinado momento la vi golpearlo mucho. Le dejó una marca en el cuello y me mostró una foto”, relató ese testigo a la querella. Dante, según precisó Castillo, quedó al cuidado exclusivo de su padre por decisión de la justicia de Misiones, que determinó que debía ser resguardado de su madre.

Además, la querella presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez de Familia Juan Pablo Pérez, quien en noviembre de 2025 ordenó el proceso de revinculación que llevó a Ángel a vivir con Mariela Altamirano. También radicó denuncias penales por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la Defensora de Menores y las dos psicólogas intervinientes, identificadas como Jennifer Grisel Leiva y Vanesa Marín.

A un mes del crimen de su hijo, López dice que aún no recibió los restos del niño. El trámite está en manos de su abogado. Una vez que la Justicia autorice la entrega, anticipó que tomará la decisión de cremarlo. “Mi intención es cremarlo para que él vuelva a su casa, que esté en su pieza, como él debería estar en vida”, dijo. Mientras tanto, mantiene una foto del niño en el living. Todas las mañanas le da un beso a la imagen. “Tengo cuatro años de fotos y de felicidad de mi hijo, y en todas las fotos él está sonriendo”, contó.

El recuerdo más vívido que López guarda de su hijo es el de un gesto que, según dijo, nunca cambiaba: “Cuando yo llegaba del trabajo, él corría, me abrazaba, me daba besos y me decía ‘Papá Pin’”. Las fotos que le enviaron de la época en que Ángel vivía con Altamirano lo muestran, a su juicio, diferente: “Se lo ve angustiado, con carita de que lloraba todos los días”.

El caso

La muerte de Ángel López tiene como punto de partida una decisión judicial que el padre del niño cuestiona con dureza: la revinculación del menor con su madre biológica, Mariela Altamirano, quien había permanecido alejada de él desde que era un bebé.

Fue en noviembre del año pasado cuando Ángel comenzó a vivir con ella en Comodoro Rivadavia. Cinco meses después, el 5 de abril, murió. Ingresó al Hospital Regional de esa ciudad en paro cardiorrespiratorio, con un cuadro neurológico que los médicos calificaron como irreversible.

El informe del pediatra Ariel Luizaga consignó lesiones compatibles con violencia física, pupilas midriáticas fijas —signo de daño cerebral grave—, hipoventilación bilateral y un nivel de glucemia de más de 400 mg/dl, valores anómalos para un niño de su edad.

La versión que Altamirano sostuvo inicialmente —una descompensación durante el sueño— quedó en contradicción directa con los hallazgos clínicos.

La autopsia, firmada por la forense Natalia Gómez, profundizó ese cuadro. El informe registró al menos 21 hematomas a nivel del cuero cabelludo y subgaleales, una hemorragia subaracnoidea cerebral y un edema cerebral difuso con herniación cerebral secundaria.

Las lesiones, según se indicó, eran compatibles con el llamado “síndrome del sacudón”, un mecanismo de maltrato físico en el que el cerebro del niño impacta de forma repetida contra el cráneo al ser sacudido con violencia, con consecuencias que van desde hemorragias hasta daño neuronal irreversible y la muerte.

El informe también documentó tres lesiones de vieja data —cicatrices en la zona frontal derecha, dorsal del tórax y submandibular derecha— no vinculadas a la causa de muerte, y otras atribuibles a las maniobras de reanimación del día del fallecimiento.