Detuvieron a un abogado por truchar la firma y el sello de una jueza en un expediente judicial

Un abogado oriundo de la ciudad bonaerense de San Martín fue arrestado recientemente tras ser acusado de utilizar la firma y el sello falsos de una jueza en documentos presentados para trámites judiciales vinculados al régimen de visitas y cuota alimentaria.

El procedimiento fue desarrollado por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La causa comenzó cuando la titular del Juzgado de Familia N°2 de San Martín, Lorena Martos, denunció que en un expediente judicial se había presentado una firma y sello truchos, atribuidos a su persona. Así se puso en marcha una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de San Martín, a cargo de la fiscal Verónica Andoniades.

Los investigadores llegaron rápidamente a un sospechoso. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo inició cuando un ciudadano contactó a un abogado a través de redes sociales para realizar gestiones relacionadas con cuestiones familiares y fue citado en un domicilio particular que operaba como estudio jurídico.

Con ese dato, luego los agentes policiales constataron que ese lugar no contaba con habilitación ni registro para ejercer la actividad profesional. A partir de las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó dos allanamientos, que fueron ordenados por el juez Mariano González, del Juzgado de Garantías N°2 de la misma jurisdicción.

Durante los operativos fue aprehendido el abogado sospechoso, identificado como Luciano Martín Rossi, de 35 años. Además, en los allanamientos la policía secuestró una notebook, un teléfono celular, dos talonarios de recetarios en blanco, documentación y 12 sellos de diferentes profesiones.

De esta manera, Rossi quedó bajo arresto en el marco de una causa caratulada como “falsificación de sellos oficiales y falsificación o adulteración material de documentos”.

Este tipo de maniobras están penadas bajo los delitos contra la fe pública, contemplados entre los artículos 288 y 291 del Código Penal.

Estas normas establecen penas de prisión o reclusión de uno a seis años para quien adultere sellos oficiales, y de seis meses a tres años para quien falsifique firmas o marcas utilizadas en oficinas públicas.

Además, el Código prevé sanciones adicionales para funcionarios públicos que cometan estos delitos abusando de su cargo.

En un caso reciente, la Justicia de Concordia, Entre Ríos, condenó al abogado Pedro De La Madrid tras un juicio abreviado en el que admitió su responsabilidad en una serie de delitos. Entre las acusaciones que enfrentó se cuentan falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión, pero también fraude, estafa y robo.

La fiscal Daniela Montangie llevó adelante la acusación y se alcanzó un acuerdo que fijó una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva para De La Madrid. El letrado será trasladado a una unidad penal una vez que la condena quede firme.

De La Madrid fue sentenciado por varios hechos de ejercicio ilegal y quebrantamiento de inhabilitación judicial, lesiones leves, falsificación y uso de documentos públicos falsificados, estafas procesales, hurto, sustracción y ocultamiento de documentos, y administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documentos.

La declaración de responsabilidad se produjo durante la audiencia de juicio abreviado en los tribunales de Concordia.