Condenaron a 6 años de prisión al abogado que era nexo entre presos de alto perfil y organizaciones criminales en Rosario

El juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, condenó a 6 años de prisión al abogado Iván Carlos Méndez tras homologar un acuerdo pleno de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). El letrado, de 53 años, fue hallado culpable de integrar una asociación ilícita que mantenía activas estructuras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios federales, con líderes de alto perfil vinculados al narcotráfico como cabezas visibles.

La condena, dictada el 16 de abril pasado, también incluyó una multa, inhabilitación especial por 8 años para el ejercicio de la abogacía y declaración de reincidencia. Méndez, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, fue hallado responsable de seis delitos en concurso real: asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confabulación para el tráfico de drogas y acopio de piezas y municiones de armas de fuego.

El caso fue llevado ante el tribunal por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Matías Mené, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), representada por su titular, el fiscal Diego Iglesias, y el secretario Matías Lucena Vernengo. Las audiencias se celebraron entre el 31 de marzo y el 16 de abril, fecha en que Vera Barros homologó el acuerdo. Durante ese tramo procesal, el MPF presentó intervenciones telefónicas, registros de visitas y documentación secuestrada que confirmaron el rol del imputado dentro de la estructura criminal.

Méndez reconoció de forma expresa los hechos de la acusación, su participación, los antecedentes probatorios, la calificación legal atribuida y la pena requerida por la fiscalía. Antes de llegar a ese punto, la investigación había reconstruido con precisión el entramado de vínculos que el abogado sostenía con una decena de internos del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

Entre esos internos figuraban Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico y señalado como uno de los principales abastecedores de cocaína en Rosario; Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina” y condenado por tráfico internacional de precursores químicos y contrabando de armas; Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez; Uriel Luciano Cantero, integrante de Los Monos; César Morán de la Cruz, referente narco del Barrio Padre Carlos Mugica de la Ciudad de Buenos Aires; y Cristian Avalle, condenado a prisión perpetua e identificado como líder de una banda ligada a Los Monos.

El MPF sostuvo que Méndez aprovechaba su condición de abogado para entrevistarse con los detenidos y retransmitir directivas a personas en libertad, eludiendo las restricciones del SIGPPLAR. El fiscal Matías Scilabra, de la PROCUNAR, fue categórico al respecto durante las audiencias: “Lo que hizo fue garantizar la comunicación de los condenados con el exterior, y con eso asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel. Incluso, conecta organizaciones criminales a partir de la información que obtiene”.

Lejos de ejercer la defensa técnica de sus representados, Méndez triangulaba comunicaciones, retransmitía mensajes y coordinaba gestiones patrimoniales. Desde al menos el 29 de enero de 2025 y hasta su detención el 17 de septiembre de ese año, actuó como nexo entre los líderes encarcelados y sus estructuras operativas en el exterior. Las conversaciones interceptadas mostraron que cobraba por esos servicios: tarifas mensuales de entre USD 3.000 y USD 4.000, o USD 500 por mensaje.

Entre los hechos específicos que le atribuyó el MPF se destacan la triangulación de comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R., quien le informaba sobre alquileres y propiedades vinculadas al patrimonio del condenado; el enlace con allegados de Morán de la Cruz en el barrio Padre Carlos Mugica para transmitir información y coordinar gestiones; y la intermediación para que Segovia analizara la compra de un campo perteneciente a Morán de la Cruz. También se le imputó haber participado entre febrero y agosto de 2025 en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Uriel Cantero por 15.000 dólares y en la entrega de un Fiat Cronos modelo 2021. Como parte de pago por sus servicios, recibió un Ford Mondeo transferido a su nombre el 29 de abril del año pasado.

El 17 de septiembre de 2025, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron el domicilio del abogado en Flor de Otoño al 400, en el barrio Padre Mugica —ex Villa 31 de Retiro—, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí secuestraron 10,8 gramos de cocaína, una balanza de precisión, piezas de una carabina Anderson AM-15 calibre .223 con numeración suprimida, un cargador de pistola Glock calibre 9 milímetros y tres cajas de municiones.

El material bélico resultó llamativo: las piezas para el armado del fusil de asalto AR-15 eran muy similares a las que Segovia importaba y contrabandeaba desde el penal de Ezeiza, actividad que derivó en una nueva condena de 13 años de prisión para el “Rey de la Efedrina” en abril del año pasado.

La resolución del juez Vera Barros dispuso el decomiso y posterior destrucción de los estupefacientes, la balanza, las piezas del arma y las municiones. Además, ordenó el decomiso de 240.700 pesos y de dos vehículos —un auto y una camioneta—, que quedarán a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF). También se dispuso la destrucción de teléfonos celulares, una notebook, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la causa.

El MPF subrayó que el perfil del condenado acentuaba la gravedad del caso: Méndez es un ex interno del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con dos condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico, que obtuvo su título de abogado en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto. Esa trayectoria le permitió conocer desde adentro el funcionamiento del sistema penitenciario y explotar sus resquicios para operar como lo hizo. Para la fiscalía, sus maniobras permitieron que organizaciones de alta peligrosidad conservaran capacidad operativa fuera de las prisiones, con impacto directo sobre la seguridad pública.