La muerte de Shadya Altamirano, ocurrida el sábado 11 de abril en la localidad santiagueña de Pinto, sacudió a toda su comunidad y reavivó el debate sobre la respuesta estatal ante casos de violencia de género y exposición digital. La joven abogada y bailarina había denunciado cuarenta días antes a su exnovio por haber viralizado fotos y videos íntimos y, según su familia, no soportó la humillación y el acoso posterior, lo que la llevó a tomar la decisión de quitarse la vida.
Ante su fallecimiento, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero aseguró que brindó todas las herramientas legales disponibles para su protección, mientras que la familia denunció la falta de respuestas.
La investigación judicial se centra en los hechos desencadenados desde el 1 de marzo, fecha en la que Altamirano, de 29 años, acudió a la Comisaría Comunitaria N° 15 de Pinto para denunciar a su ex pareja por los delitos de amenazas y difusión no consentida de material sexual.
La fiscalía detalló en un comunicado que, tras la denuncia, ofreció a la joven protección inmediata mediante un botón antipánico, recurso que ella rechazó y dejó constancia firmando el acta respectiva. Del mismo modo, la fiscalía dictó restricciones judiciales para el acusado, un hombre de 43 años, y no se recibieron posteriores denuncias de incumplimiento de estas medidas, según consignó El Liberal.
Viralización, crisis y tragedia
En la denuncia formal, Shadya Altamirano dejó constancia de haber sido víctima de una relación abusiva de nueve años, con episodios de maltrato psicológico, violencia sexual y física. La relación había finalizado el 26 de febrero, pocos días antes de la difusión de los videos por WhatsApp, episodio que desató en la joven una fuerte crisis emocional, de acuerdo al testimonio de su madre, María Verónica Rodríguez, docente de nivel primario, brindado a El Liberal. La madre calificó la relación que mantuvo Altamirano con su expareja: “Era insostenible por el constante maltrato psicológico, verbal y violencia sexual y física que padecía”.
En la semana previa al fallecimiento, la madre de Shadya acudió a la Comisaría 15 del Menor y la Familia para dejar constancia del estado de salud mental de su hija. Según el acta policial, la joven “estuvo en tratamiento psiquiátrico por trastorno obsesivo compulsivo, nunca concluyó el tratamiento, tuvo varios intentos de autolesión y no se dejaba ayudar”.
La madre insistió al medio El Liberal en que la denuncia no prosperó y que la familia nunca recibió contención psicológica ni protección efectiva: “Ella no tuvo contención más que la denuncia. Es más, le dijeron que esa persona (su exnovio) tenía respaldo y que eso (su denuncia) terminaría en la nada”.
A raíz del fallecimiento, la fiscalía ordenó la autopsia del cuerpo y el secuestro del teléfono celular de la víctima, así como un blíster de pastillas hallado junto a ella. “Se han tomado todas las medidas tendientes al esclarecimiento del caso, con la realización de autopsia, secuestro del teléfono celular y de un blíster de pastillas que se encontraba en su poder”, comunicó oficialmente la Fiscalía de Añatuya.
Denuncia de abandono ante ¿un hijo del poder?
Uno de los puntos de conflicto en la investigación radica en los presuntos vínculos familiares del acusado. María Verónica Rodríguez denunció que el hombre que viralizó las imágenes es familiar de María Emilia Ganem, fiscal general de la circunscripción de Añatuya, y que él solía decir: “‘a mí nadie me va a hacer nada’”.
Por su parte, dos juezas de Control y Garantías, Ana María Gonzalez Ruiz y Gladys Alami, afirmaron a Clarín que “no consta ingreso de petición de medidas de protección” para la víctima tras la denuncia, sugiriendo un vacío entre la denuncia y la aplicación de medidas efectivas.
La familia sostiene que la falta de contención y eficacia en la respuesta estatal fue un factor determinante en el desenlace. La madre de Shadya relató que recién fue citada para declarar después de que la noticia tomara relevancia mediática y reclamó: “Nos dejaron solos”.
El Centro de Asistencia al Suicida (CAS) y diversas líneas gratuitas de ayuda, como el 135 y el 0800-345-1435, se encuentran disponibles para quienes atraviesen una crisis emocional, así como hospitales con servicios de salud mental en Ciudad y Gran Buenos Aires.
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