
La guerra en Ucrania sigue sumando capítulos oscuros. Uno de los más recientes tiene como protagonistas a miles de migrantes de Asia Central que, según denuncias de organismos de derechos humanos, estarían siendo obligados a combatir en el frente ruso bajo amenazas, engaños y condiciones extremas.
La expectativa de vida para muchos de ellos, aseguran, no supera los cuatro meses.
Ese es el caso de Hushruzjon Salohidinov, un joven tayiko de 26 años que hasta hace poco trabajaba como repartidor en San Petersburgo. Su historia, reconstruida en una entrevista con Al Jazeera, expone con crudeza el mecanismo de presión que, según distintas fuentes, se repite en todo el país.
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Salohidinov cuenta que fue detenido mientras retiraba un paquete que, según la policía, contenía dinero robado. Él niega cualquier vínculo con el delito, pero pasó nueve meses preso sin que avanzara su causa. Lo que vino después, asegura, fue aún peor: amenazas de abuso sexual dentro de la cárcel si no aceptaba “ofrecerse como voluntario” para ir a la guerra.
Sin alternativas, terminó firmando. A cambio, le prometieron dinero, un sueldo mensual elevado y la amnistía de sus cargos. “No veía otra salida”, explicó. Su destino fue el frente ucraniano.
Su historia no sería un caso aislado. Organizaciones y reportes periodísticos advierten sobre una política sistemática del Kremlin para reclutar migrantes, especialmente de países como Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán. Muchos de ellos llegan a Rusia en busca de trabajo y terminan atrapados en una red de coerción estatal.
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El patrón se repite: detenciones por supuestas irregularidades migratorias, amenazas de deportación o cárcel, y finalmente la opción de enlistarse como única vía de escape. En algunos casos, incluso se denuncia tortura o engaños para hacerlos firmar contratos militares.
“Literalmente los envían a la muerte”, advirtió un grupo ucraniano que asiste a soldados rusos que buscan rendirse. Según sus datos, las bajas entre estos combatientes son “catastróficas”.
El contexto también ayuda a explicar el fenómeno. Rusia, con baja natalidad y una economía que depende en parte de la mano de obra extranjera, ha sido históricamente un destino para millones de migrantes. Pero desde el inicio de la invasión a Ucrania, en 2022, esa población se convirtió en un blanco fácil para reforzar las filas del ejército.
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Incluso funcionarios rusos lo admiten indirectamente. En 2025, el jefe del Comité de Investigación aseguró que decenas de miles de ciudadanos —muchos de ellos migrantes recientemente nacionalizados— fueron enviados al frente.
Tras firmar, Salohidinov recibió apenas tres semanas de entrenamiento. Describe una preparación caótica, con equipamiento deficiente y exigencias económicas para conseguir mejores insumos. Luego fue enviado a la región de Luhansk, en el este de Ucrania.
El impacto en el frente fue inmediato. Relata que los drones sobrevolaban constantemente y que las explosiones eran permanentes. A los pocos días, recibió una orden que describe como suicida: avanzar a campo abierto, entre minas y bajo fuego enemigo.
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En ese momento, decidió rendirse.
“Corrimos y vimos que nos estaban disparando. Con mi comandante elegimos entregarnos antes que morir en vano”, contó. La experiencia como prisionero, dice, fue completamente distinta a lo que le habían advertido: recibió comida, agua y atención básica.
Hoy, detenido en Ucrania, asegura que incluso siente alivio. “Me alegro de haber sido capturado. Ya no estoy peleando ni arriesgando mi vida”, afirmó.
Su mayor temor ahora es ser devuelto a Rusia en un intercambio de prisioneros, lo que —cree— implicaría volver directamente al frente.
Mientras tanto, espera poder regresar a su país. Pero su futuro es incierto. Y su historia, lejos de ser excepcional, parece ser apenas una muestra de una maquinaria mucho más amplia y silenciosa que alimenta la guerra con los más vulnerables.
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