La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó allanamientos durante los últimos días en la ciudad de Rosario para seguir la ruta narco, siguiendo el rastro de las inversiones de una organización criminal que habría importado 750 kilos de cocaína a fines de 2025. Los supuestos delitos sucedieron en el marco de lavado de dinero, instruida tras la detención de trece integrantes de la banda en noviembre del mismo año.
Por orden de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se realizaron procedimientos en las oficinas del Grupo Roma, en Puerto Norte y en la sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), en el cento de la ciudad. El proceso judicial, focalizado en las maniobras financieras derivadas del tráfico mayorista de estupefacientes, dispuso la presentación e incautación de documentos. La medida busca esclarecer el circuito económico que habría servido para legitimar activos provenientes de la distribución de droga, según Rosario3.
El principal sospechoso de la causa, identificada como FRO 11201/2026, es Ariel Fernando Suppa, sindicado como organizador y financista de la red narco. En primera instancia, los investigadores allanaron la inmobiliaria JR Negocios Inmobiliarios, ubicada en Córdoba al 1400. Sin embargo, la empresa ya no operaba en esa sede desde hacía, al menos, cinco años.
Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta Grupo Roma, en avenida Carballo 186, donde sustrajeron papelería vinculada. Además, el operativo incluyó la sede del sindicato Urgara (Unión Recibidores de Granos y Anexos) de San Lorenzo 2067, desde donde el secretario adjunto, Andrés Enz, entregó dos boletos de compraventa inmobiliaria.
El titular de Grupo Roma, Pablo Cofano, difundió un comunicado para desligarse de la cualquier irregularidad y expresó: “Por disposición del fiscal federal Juan Argibay Molina, se ordenó una medida de presentación (no se trató de un allanamiento) para requerir documentación vinculada a la venta de tres lotes”.
“La desarrolladora cumplió con sus obligaciones y entregó toda la información requerida a los fiscales Andrés Carro Rey y Juan A. Argibay Molina. Asimismo, se solicitó información sobre la supuesta venta de tres lotes más, la cual nunca se concretó. Solo existió una reserva entre el imputado y una inmobiliaria externa, no vinculada a la desarrolladora, que ofrecía lotes que no eran de su propiedad.”, sostuvo en el comunicado.
El seguimiento de la causa
La causa comenzó en diciembre de 2024 tras una denuncia por microtráfico en un búnker, ubicado en Braille al 1400, en el norte de Rosario. Las tareas investigativas incluyeron vigilancia y escuchas telefónicas durante once meses. Esto permitió ubicar a Suppa como responsable de organizar y financiar los viajes logísticos hacia la localidad boliviana de Bermejo, principal sitio de abastecimiento de la organización.
Según los fiscales federales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra, en los últimos dos meses y medio de 2025, la organización introdujo 750 kilos de cocaína por vía terrestre desde Bolivia, lo que permitió dimensionar el volumen de la demanda. Los vehículos empleados registraron infracciones de tránsito en rutas del norte argentino, incluyendo Aguas Blancas y en las cercanías de Salta capital. Los agentes de la PSA también detectaron impactos de antena de celulares en las localidades por donde se desplazaban.
El método solía repetirse: viajes de uno o dos días empleando el transporte ocasional de electrodomésticos como fachada comercial. En el domicilio de Gastón Alejandro Gómez, en Vieytes al 2700, la PSA halló el 27 de noviembre 52 kilos de cocaína. A partir del 12 de noviembre y hasta los allanamientos se distribuyeron 500 panes de droga en la región, según la documentación judicial citada por el medio.
Los operadores principales de la organización fueron, además de Suppa y su hermano Hugo Sebastián Suppa, Marcos José Moreira, Luca Carmelo Fabián Lucente y Juan José Alfonso. Ellos eran los encargados de realizar los viajes a Bolivia, abastecer al grupo y gestionar el acopio y la comercialización a gran escala. Por otro lado, Gastón Gómez y José Fabián Ruiz se les atribuye la función de subdistribuidores: Ruiz coordinaba el búnker de Braille al 1400 y se responsabilizaba del flujo de distribución en Rosario, mientras que Gómez supervisaba el almacenamiento.
A raíz de los indicios, el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz dispuso la prisión preventiva de los trece presuntos miembros de la organización tras la audiencia de imputación en diciembre de 2025. La pesquisa actual concentra sus esfuerzos en trazar el circuito del dinero, siguiendo la ruta de las inversiones inmobiliarias presuntamente financiadas con utilidades ilícitas generadas por el narcotráfico.
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