
El fiscal federal de Corrientes solicitó que se investigue si servicios de inteligencia rusos habrían financiado una campaña de desinformación en Argentina vinculada al caso de Loan Peña, el niño desaparecido en 2024. Al pedido también se sumaron los abogados de la familia del menor.
El pedido fue realizado en primera instancia por el fiscal Carlos Schaefer, quien le pidió a la jueza Cristina Pozzer Penzo que abriera un expediente por separado para indagar sobre el tema luego de que la semana pasada se revelara que el régimen ruso habría pagado “miles de dólares” a medios y portales digitales argentinos para publicar noticias con el objetivo de “desgastar al gobierno actual”.
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La presentación judicial detalla que entre esos contenidos hay narrativas específicas sobre la desaparición de Loan Peña, los cuales buscaban “aprovechar el malestar social” y “dirigirlo contra las instituciones” argentinas. Entre las pruebas listadas figuran enlaces a publicaciones en redes sociales y plataformas como YouTube que hablaban de la desaparición del niño.
En consecuencia, el fiscal solicitó que se investigue si estas maniobras podrían estar relacionadas con personas ya procesadas y elevadas a juicio en el expediente judicial, especialmente a las imputadas por el delito de encubrimiento.
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El documento resalta que estos acusados fya ueron señalados previamente por las autoridades como responsables de entorpecer el avance de la causa. Ahora, bajo este nuevo enfoque, se pide determinar si la difusión de noticias falsas o manipuladas formó parte de una acción coordinada “para beneficiar a sectores externos e interferir en la marcha de la investigación”.

La familia de Loan también pidió investigar
La familia de Loan también solicitó que se abra una nueva investigación penal para identificar y frenar posibles operaciones organizadas de desinformación, financiamiento ilícito y maniobras vinculadas con actores no identificados que habrían interferido en la causa por la desaparición del niño.
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Representados por la abogada María Belén Russo Cornara, los familiares del niño reclamaron en las últimas horas que la justicia abra “un legajo de investigación autónomo”, es decir, una causa separada de la principal, para evitar la contaminación y el desvío probatorio.
La denuncia, a la que accedió Infobae, enfatiza que las intervenciones externas, la aparición de supuestos testigos sin corroboración judicial y la difusión de contenidos para instalar hipótesis infundadas ya configuran, por sí mismos, un riesgo institucional grave.
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La presentación resume: “La posibilidad de un circuito organizado de producción, financiamiento y amplificación de contenidos destinados a incidir en la investigación penal no puede ser descartada ni minimizada; debe ser investigada con la misma seriedad que el hecho principal”.
Los imputados en la causa
En total son 17 imputados del caso: los siete detenidos del expediente donde se investiga la sustracción y el ocultamiento del menor que cumplió los 6 años estando desaparecido, y los 10 acusados en la causa por el desvío de la investigación, los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy.
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Los 7 imputados en el expediente ‘Naranjal’ son: Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.
Los 10 imputados por la causa paralela son: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. Y se los acusa por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal el día de su desaparición y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.
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