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Siguen las trabas en el juicio a la enfermera de Maradona: ahora recusaron a la jueza por “temor a la parcialidad”

Se trata del proceso contra Gisella Dahiana Madrid, la octava imputada por la muerte del Diez, quien será juzgada aparte por un jurado popular. Su defensor, Rodolfo Baqué, pidió apartar a la magistrada a cargo

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020
Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020
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El proceso judicial contra la enfermera Gisella Dahiana Madrdid, imputada por su responsabilidad en la muerte de Diego Maradona, se caracteriza desde el primer minuto por las constantes trabas que dilatan el comienzo del juicio. Ella, a diferencia de los otros siete acusados que tiene la causa, eligió enfrentarse a un jurado popular, por lo que será juzgada por separado. Pero su debate nunca tuvo si quiera fecha de inicio. Y este lunes, que pudo haberse fijado el día, surgió otro imprevisto que volvió a dejar todo en stand by.

Lo que sucedió es que su abogado defensor, Rodolfo Baqué, pidió recusar a la jueza a cargo del proceso alegando “certero temor a la parcialidad y condicionamiento a la defensa”. Se trata de María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, con quien el letrado ya había tenido rispideces en audiencias previas.

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La jornada de este martes había sido convocada para terminar de definir las pruebas a exponer durante el juicio y la lista de testigos. En realidad, la idea era que esto se resolviera en una audiencia previa celebrada el 2 de marzo, pero aquel día no solo no hubo acuerdos, sino que terminó siendo una batalla campal entre las partes.

Esa pelea ahora tuvo otro round. Y, a pesar de los detonantes, el trasfondo de todas las discusiones es la fecha para comenzar el juicio. En resumen, la defensa lo quiere lo antes posible, pero la magistrada ya definió que será en unos meses, después del debate contra los otros 7 imputados pautado para el 14 de abril.

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El abogado Rodolfo Baqué
El abogado Rodolfo Baqué

La gota que rebalsó el vaso esta vez fue un desacuerdo con las pruebas que utilizará cada parte para defender su teoría del caso. La fiscalía, a cargo de Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitaron incorporar unas ocho fotos donde se ve cómo estaba Maradona al fallecer. La defensa aceptó su incorporación. Fue entonces cuando la jueza dijo que había un acuerdo probatorio.

“No fue un acuerdo probatorio porque mi defendida no vio así a Maradona. Yo solo acepté la incorporación como prueba, pero Madrid nunca llegó a verlo a Diego como se lo ve en esas imágenes”, explicó Baqué a Infobae.

Ante la situación, el letrado recusó a la jueza. Alegó certero temor a la parcialidad y condicionamiento a la defensa. En la presentación, entre otros argumentos, recordó que la magistrada cambió al menos dos veces la fecha estimativa para el comienzo del debate y que anteriormente denunció al defensor ante el Colegio de Abogados de San Isidro.

“Un desastre. Una locura lo que hizo Baqué. Fue nefasto”, definió un abogado de la querella a Infobae tras las audiencia, que terminó inmediatamente después.

Ahora, el pedido será tratado en una jornada aparte y definido por otros jueces del departamento judicial de San Isidro. Hasta entonces, y como desde el principio, el juicio por jurados contra la enfermera Madrid seguirá estancado y sin una fecha de inicio cerca.

El juicio contra los otros acusados

Tras incontables idas y vueltas, el juicio contra los otros siete imputados por la muerte de Maradona comenzará el próximo martes 14 de abril. El debate oral estará a cargo de los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón, que en marzo habían resuelto postergar el inicio un mes más para evitar la seguidilla de feriados que iban a trabar la fluidez del proceso.

Los acusados de este proceso son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini.

Todos están imputados por homicidio simple con dolo eventual. Un delito que tiene una pena en expectativa de entre 8 y 25 años de prisión.

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