
El juez de Instrucción Javier Sánchez Sarmiento indagó a dos de los involucrados en la investigación sobre el robo de propofol en el área del anestesiología del Hospital Italiano. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
El fiscal de Instrucción Lucio Herrera había impulsado la investigación el 26 de febrero pasado y en ese acto imputó a Hernán Boveri y Delfina Lanusse. El primero era uno de los principales anestesiólogos del Italiano. La segunda es residente en esa institución desde 2023. Se realizaron allanamientos en los domicilios de ambos.
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Lanusse fue indagada el 18 de marzo pasado y Boveri el 25. Ambos declararon vía Zoom ante el juez, el fiscal y sus abogados defensores. El hombre negó los hechos y aseguró que iba a presentar un escrito. Algo parecido sucedió con Lanusse, quien también anticipó que presentaría un escrito. El juez Sánchez Sarmiento dictó la prohibición de salir del país para ambos médicos.

El caso se inició mediante una denuncia presentada por el Hospital Italiano el 23 de febrero pasado. La fecha de la denuncia firmada por Juan Alfredo De Domini coincide con el posteo que se publicó en la cuenta de Instagram de los profesionales del Hospital de Niños para recordar una persona que había fallecido: Alejandro Salazar.
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Salazar era residente en el Hospital Rivadavia y también trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El 20 de febrero fue hallado el cadáver del médico, quien habría muerto producto de una sobredosis de propofol y fentalino. En el departamento de la calle Juncal al 4600 que alquilaba Salazar, se encontraron frascos de fármacos procedentes del Hospital Italiano.

El propofol es una droga que no se halla en farmacias. Solo tiene uso dentro del sistema de salud. El hecho de que aparecieran frascos de propofol del Italiano en la casa donde Salazar fue hallado muerto, implica que se la habían llevado del hospital. Fuentes judiciales explicaron que el propofol no aparece en el listado de sustancias estupefacientes sujetas a control. Es por eso que el caso no fue enviado al fuero federal. Se investiga en instrucción -por ahora- como una administración fraudulenta que le habría causado un perjuicio patrimonial al Hospital Italiano.
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El capítulo IV del Código Penal es el que abarca las estafas y defraudaciones. El artículo 172 señala: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. En tanto el artículo 173 en tanto habla de los casos especiales de defraudación.

Es el inciso 7 de ese artículo el que puede permitir calificar prematuramente a lo sucedido en el Hospital Italiano. Ese inciso señala: “El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”. No hay una investigación abierta específicamente enfocada en la realización de fiestas con cobro de entrada o encuentros sexuales bajo los efectos de los fármacos proveídos por los médicos del Italiano.
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El Hospital Italiano informó esta mañana mediante un comunicado que ninguna de esas personas “se encuentra desempeñando funciones en el Hospital” y que existe una investigación en curso. La investigación está avanzada. Y es diferente al caso en el que se trata de determinar cómo murió Alejandro Salazar. Ese es otro capítulo de esta historia.
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