Dos presos engañaron a una joven, la enamoraron y le robaron más de $30 millones

Dos hombres que ya se encontraban detenidos bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) volvieron a quedar bajo prisión preventiva, luego de que fueran acusados de haber defraudado por más de 30 millones de pesos a una familia de Rosario. Según constó en la causa, ambos habrían simulado tener una relación a distancia con una joven con retraso madurativo.

Después de que la denuncia fuera presentada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ambos fueron acusados de presuntamente simular una relación sentimental con una joven con retraso madurativo. Así, se habrían aprovechado de su vulnerabilidad para conseguir que la víctima les realizara transferencias de fondos que pertenecían a su madre.

A raíz de esto, el miércoles 18 de marzo, el juez Alejandro Negroni dictó la prisión preventiva contra los sospechosos, tras argumentar que la medida respondía a la gravedad del delito y al carácter continuado del perjuicio ocasionado.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, el fiscal Aurelio Cicerchia imputó a Alber Martínez, de 31 años y domiciliado en Escobar, y a Martín Patane, de 37 años y oriundo de Marcos Paz, como coautores en la estafa.

Al momento de los hechos, aclaró que ambos se encontraban alojados en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Baradero, una prisión de régimen semiabierto, mientras cumplían condenas previas. No obstante, desde el interior del establecimiento, operaban utilizando teléfonos celulares para comunicarse con la víctima mediante la aplicación WhatsApp.

Según la acusación formalizada en la audiencia imputativa, la maniobra delictiva comenzó en una fecha no determinada de 2023 y se extendió hasta noviembre de 2025. Durante ese período, se constató que la víctima llegó a transferir un total de 31.485.500 pesos que pertenecían a los ahorros familiares.

Respecto al depósito del dinero, el fiscal Cicerchia apuntó que este fue dividido en más de doce cuentas bancarias. Bajo su punto de vista, esta modalidad daría cuenta del despliegue y planeamiento detrás de la operación fraudulenta.

De la misma forma, las pesquisas señalaron que Patane se habría encargado de realizar videollamadas para darle instrucciones precisas a la joven sobre cómo contar el dinero en efectivo y luego facilitarle los datos bancarios necesarios para efectuar las transferencias. Como parte del ardid, le exigían que les enviara comprobantes fotográficos para corroborar la acreditación de los fondos.

Otro de los datos relevantes para la investigación es que los acusados le prometían a la víctima la concreción de un encuentro presencial en Rosario, pero que nunca iba a realizarse. Por esto, utilizaban como excusa que tenían que solventar gastos personales u obtener ayuda para viajar a la ciudad, lo que reforzaba la coerción emocional ejercida.

Entre los datos recabados en la causa figura que Martínez recibió entre junio y noviembre de 2025 transferencias por un monto total de 12.809.000 pesos. Este flujo dinerario individualizó su participación activa en el tramo final de la maniobra. A pesar de esto, el juez Negroni resolvió otorgar prisión preventiva efectiva a ambos imputados: el plazo legal completo para Martínez y 90 días para Patane, en atención a la presentación del fiscal Cicerchia.

La descripción judicial y las pruebas aportadas permitieron tipificar la conducta como estafa agravada, en tanto los sospechosos actuaron en calidad de coautores y supieron aprovechar la condición de encierro para coordinar la operación delictiva desde el interior del sistema penitenciario.

Presentaron un proyecto para prohibir los celulares en las cárceles de Buenos Aires

La iniciativa presentada esta semana por el bloque HECHOS en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone prohibir por completo celulares y dispositivos con conectividad en todas las cárceles del territorio bonaerense, con el argumento de que su uso extendido facilitó la comisión de una serie de delitos contra sectores vulnerables.

A partir del análisis, los legisladores sostuvieron que la excepción que permitió dispositivos móviles a las personas privadas de libertad fue implementada durante la pandemia por Covid-19 para suplir la imposibilidad de visitas debido a las restricciones sanitarias. Sin embargo, puntualizan que esta medida se extendió “más allá de su justificación inicial y sin un análisis de sus consecuencias”.

El texto presentado advirtió que, tras la flexibilización excepcional impuesta en 2020, el uso de celulares por parte de la población carcelaria dejó de ser una situación extraordinaria y se transformó en práctica habitual. Según los fundamentos citados en el proyecto, este acceso a la tecnología dentro de penales bonaerenses habría incrementado “las estafas telefónicas, extorsiones y amenazas”.

También establecieron un esquema de restitución de la situación previa a la pandemia, puesto que se prevé la derogación de cualquier norma o disposición administrativa que haya autorizado el uso de teléfonos celulares en las cárceles y la aplicación de sistemas tecnológicos para inhibir, bloquear o detectar señales de dispositivos móviles en todas las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense.

De acuerdo con el bloque HECHOS, el derecho de las personas detenidas a comunicarse será garantizado únicamente por “canales oficiales, supervisados y registrados”, que incluyen líneas institucionales y sistemas de comunicación controlados por las autoridades penitenciarias. El objetivo declarado es asegurar el contacto con familiares y abogados en condiciones de seguridad.

Entre las sanciones contempladas, el incumplimiento de la restricción a los dispositivos móviles será catalogado como falta grave y podría derivar en responsabilidades penales. Finalmente, los autores del proyecto insistieron en que el sistema penitenciario debe funcionar bajo “reglas claras, con un control efectivo y en resguardo de la seguridad de los bonaerenses”.