
La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, presidió una reunión de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que congregó a nueve países para coordinar la prevención, la asistencia a víctimas y el rastreo de fondos de redes criminales. El encuentro incluyó la firma de un acuerdo entre coaliciones, la presentación de herramientas digitales y el anuncio de un curso regional previsto para 2027.
Las delegaciones de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana participaron de la quinta reunión ordinaria de la coalición, celebrada en el Palacio Nacional. La Organización de las Naciones Unidas asistió como organismo observador.
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La trata de personas moviliza unos USD 150.000 millones anuales en el mundo y figura como la tercera actividad criminal más lucrativa del planeta, según cifras expuestas por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas durante un congreso interamericano realizado días antes en Guatemala.
Herrera sostuvo ante los delegados que la cooperación entre Estados resulta necesaria frente a las nuevas modalidades de captación utilizadas por las organizaciones criminales. “La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son flagelos transnacionales. Anhelamos el día en que algún país pueda declarar que está libre de trata. Ese será un momento maravilloso, porque lo que no queremos es más víctimas”, afirmó.
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Nueve países y una agenda común contra las redes criminales
Guatemala ejerció la presidencia de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, conocida como Corett, hasta la realización de esta quinta reunión. Panamá ocupó la secretaría técnica del mecanismo regional.
La cita se desarrolló después del III Congreso Interamericano sobre Trata de Personas, que reunió los días 18 y 19 de noviembre a diplomáticos de 12 naciones, fiscales y entidades internacionales. Durante esa instancia se difundieron datos sobre la dimensión económica del delito y la situación de las víctimas en la región.
Entre enero y septiembre, Guatemala registró 643 denuncias por trata de personas, de acuerdo con cifras compartidas por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y el Ministerio Público. La entidad indicó que entre el 74% y el 79% de las víctimas identificadas en América Latina y el Caribe son niñas, adolescentes, mujeres y hombres.
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La secretaria ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y presidenta de la Corett, Danissa Ramírez, anunció que los países miembros tendrán un curso básico regional para la atención y protección de víctimas. La iniciativa comenzará en 2027.
“Para 2027 esperamos contar, desde la Corett y a disposición de los países miembros, con el primer curso básico para atender y proteger a las víctimas de trata de personas”, señaló Ramírez. La capacitación buscará reforzar las capacidades de quienes brindan asistencia a personas afectadas por este delito.
Prevención, asistencia a víctimas y rastreo de recursos ilícitos
La reunión regional presentó un portal educativo, una guía para detectar posibles casos de trata y un curso virtual sobre atención integral a víctimas. Los participantes también suscribieron una carta de entendimiento entre la Corett y la Prett para ampliar los mecanismos de coordinación contra estos delitos transnacionales.
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La secretaria técnica de la Corett y representante de Panamá, Mayra Silvera, planteó que la prevención y el seguimiento de las estructuras financieras deben concentrar parte del trabajo regional. “Queremos enfocarnos en la prevención, porque ahí está el éxito, y también en la ruta del dinero”, expresó.
Las nuevas guías preventivas entrarán en una fase piloto el 10 de diciembre con la meta de reducir el subregistro de casos, según informó Chapintv. El proceso permitirá aplicar las herramientas regionales antes de su implementación más amplia.
El componente financiero contempla acercamientos con la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero para identificar movimientos y cuentas asociados con organizaciones dedicadas a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. La intención es facilitar medidas que afecten los recursos económicos utilizados por esas estructuras.
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La apertura de la jornada también contó con la participación de Kaitlin Meredith, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y de María Eugenia Carrera, representante de JES. Los delegados coincidieron en que las fronteras no deben limitar la cooperación para prevenir los delitos y proteger los derechos de las víctimas.
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