
La defensa del fiscal Leandro Benegas solicitó la nulidad de la resolución judicial que dispuso su prisión preventiva en la ciudad santafecina de Vera. La medida fue presentada por el abogado Juan Sebastián Oroño, quien apeló la decisión adoptada tras la imputación de su defendido en una causa por presunto abuso sexual.
El caso será revisado por la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, que deberá definir si corresponde mantener la detención o disponer la libertad del funcionario judicial quien además fue suspendido del Ministerio Público Fiscal.
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De acuerdo con lo indicado por el medio local CFIN Noticias, el planteo de Oroño sostuvo que se vulneraron garantías constitucionales y que no se permitió un adecuado acceso al expediente antes de la audiencia, lo que habría generado “una situación de desigualdad procesal”.
La detención del funcionario público se produjo luego de que la Legislatura provincial resolviera suspenderlo preventivamente y retirarle los fueros. La jueza Claudia Bressán ordenó el arresto tras la suspensión, una medida que fue adoptada luego de la intervención inicial de la magistrada Norma Senn, quien tramitó la imputación en primera instancia pero que fue apartada por supuestas irregularidades vinculadas a su imparcialidad y al debido proceso, según expuso el propio acusado en declaraciones públicas.
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En su presentación, la defensa de Benegas argumentó que la prisión preventiva fue dispuesta sin haber sido solicitada inicialmente y cuestionó que durante la audiencia se habilitara un nuevo debate sobre cuestiones no previstas, lo que —afirmó— afectó el debido proceso.
El fiscal adjunto del MPA enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y promoción de corrupción de menores en perjuicio de la hija de un subordinado, hechos que habrían ocurrido entre 2008 y 2009, cuando Benegas era funcionario municipal en Vera.
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La acusación formal contra él fue presentada el 23 de febrero pasado por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi. Automáticamente, la magistrada Senn solicitó el tratamiento del caso por parte de la Legislatura y, tras la pérdida de inmunidad de arresto, Bressán ordenó la detención que se concretó en el domicilio del acusado.
Esto provocó que, por razones de seguridad y salud, Benegas fuera alojado inicialmente en el Hospital de Vera y luego trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores en Santa Fe. Durante la audiencia, los familiares y allegados del imputado se manifestaron ante los tribunales para reclamar su libertad y cuestionaron la validez de la denuncia, señalando además que el ahora acusado padece cáncer renal y criticaron el traslado sin alta médica.
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Antes de su detención, Benegas negó la veracidad de los hechos atribuidos y sostuvo ser víctima de una campaña de venganza y desprestigio vinculada a su actividad judicial. Argumentó que como fiscal impulsó procesos que derivaron en condenas por delitos contra la integridad sexual, incluyendo una sentencia contra Luis Guzmán, el hermano de la persona que realizó la denuncia. Este último fue condenado a once años y diez meses de prisión por delitos contra la integridad sexual de su hijastra, en un fallo unánime pronunciado entre 2021 y 2022.
Para el acusado, este antecedente resultaría relevante para explicar su situación actual y responsabilizó al abogado de la denunciante por el supuesto “armado” de la causa penal en su contra. “Es una clara vinculación con la animosidad y el odio surgidos tras mi trabajo como fiscal en esos casos”, reiteró antes de retirarse de las oficinas judiciales.
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También mencionó desacuerdos previos con el abogado de la denunciante, quien había intervenido en otras causas judiciales de relevancia en la zona, y vinculó la acusación a una supuesta animosidad personal.
En los próximos días la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, a cargo del juez Fernando Gentile Bersano, deberá resolver el recurso presentado por la defensa y expedirse al respecto.
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