El fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Leandro Benegas, fue detenido tras ser acusado de abuso sexual con acceso carnal y promoción de corrupción de menores en perjuicio de una adolescente, hija de un subordinado. El arresto se concretó luego de que la Legislatura provincial le retirara los fueros y aprobara su suspensión preventiva, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.
La investigación judicial, iniciada semanas atrás, atribuye los hechos a un período comprendido entre 2008 y 2009, cuando la víctima era menor de edad y Benegas cumplía funciones como funcionario municipal en Vera, al norte de la provincia. En ese momento, el ahora detenido ejercía como supervisor directo del padre de la presunta víctima, según detallaron las fuentes.
El 23 de febrero de 2026, la acusación formal contra el funcionario de la Región 5 fue presentada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, ante la jueza Norma Senn, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Vera.
Senn solicitó a la Legislatura el tratamiento del caso por la condición de funcionario público de Benegas y luego fue apartada. Con la aprobación legislativa y la consecuente pérdida de inmunidad de arresto, fue la jueza Claudia Bressán quien ordenó la detención, que se concretó en el domicilio del acusado en la ciudad de Vera.
Por razones de seguridad y salud, Benegas fue inicialmente alojado en el Hospital de Vera y luego trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, en la capital provincial.
Durante la audiencia judicial realizada en Vera, familiares y allegados del imputado se manifestaron frente a los tribunales para reclamar su libertad y denunciaron la existencia de “denuncias falsas”. Voceros de la familia de Benegas señalaron ante la prensa que el detenido padece cáncer renal y cuestionaron el traslado sin alta médica desde el hospital local.
La defensa de Benegas presentó recursos para que se evalúe la validez de las medidas adoptadas luego del apartamiento de la jueza de primera instancia por supuestas irregularidades vinculadas a su imparcialidad y al debido proceso, según expuso el propio acusado en declaraciones públicas.
El proceso judicial continúa bajo análisis, mientras la causa permanece a disposición de la Justicia provincial y la fiscalía especializada.
La defensa del fiscal
Antes de ser detenido, el fiscal de la Región 5 negó categóricamente la veracidad de las acusaciones y afirmó ser víctima de una campaña de venganza y desprestigio derivada de su actividad judicial. En línea con esto, recordó que, como fiscal, impulsó el proceso que llevó a la condena a once años y diez meses de prisión de Luis Guzmán por delitos contra la integridad sexual de su hijastra, en un fallo unánime pronunciado entre 2021 y 2022.
Para el acusado, este antecedente resultaría relevante para explicar su situación actual, tras apuntar que Guzmán es hermano de la persona que posteriormente lo denunció por abuso sexual. Al mismo tiempo, responsabilizó al abogado de la denunciante por el supuesto “armado” de la causa penal en su contra.
Incluso, recordó un desacuerdo que había tenido con el abogado, ya que en el pasado obtuvo una condena contra el policía Rolando Senn en un juicio oral celebrado en enero de 2025 en los tribunales de Vera, tras apelar una probation que Ayala había conseguido en primera instancia para su cliente. Así, consideró que la acusación estaría marcada por un patrón de animosidad vinculado a su desempeño profesional en causas judiciales previas.
Además de calificar nuevamente a Ayala como “denunciador serial”, sostuvo que la denunciante llegó a “amenazarlo con denunciarlo” después de la condena de su hermano, enlazando los hechos imputados a una animadversión personal. “Es una clara vinculación con la animosidad y el odio surgidos tras mi trabajo como fiscal en esos casos”, reiteró antes de retirarse de las oficinas judiciales.
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