El derrumbe del complejo PROCREAR de Parque Patricios generó una ola de presentaciones judiciales encabezadas por vecinos damnificados que solicitaron ser querellantes en la causa que investiga el hecho y que alertaron sobre la posible alteración de la escena por parte de la constructora Sudamericana SA (COSUD), a cargo de la obra.
El expediente que tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 es por estrago culposo y busca determinar las causas que provocaron el desprendimiento de la losa de 50 por 70 metros que cayó sobre el estacionamiento del lugar y destruyó 65 vehículos el martes pasado.
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En este contexto, durante las últimas horas la fiscal María del Rosario Salvetici formalizó la incorporación de seis nuevos querellantes que solicitaron tener acceso a la prueba a partir de presentaciones realizadas por sus respectivos abogados, entre ellos, Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin.
En los escritos, los damnificados advirtieron sobre riesgos estructurales previos en el complejo y pidieron que se investiguen las responsabilidades de la constructora Sudamericana SA (COSUD), sus directivos y autoridades de control.
Entre los reclamos destacados, denunciaron la presunta contaminación del lugar del derrumbe: aseguraron que una retroexcavadora ingresó sin previo aviso al área del colapso cuatro días después, cuando el edificio aún seguía evacuado, y que hubo personal jerárquico de COSUD presente durante la remoción de escombros.
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Según los denunciantes, la utilización de esa maquinaria pudo haber alterado o destruido evidencia relevante para la investigación penal: “La utilización de maquinaria pesada en el lugar del derrumbe podría haber implicado la alteración de la escena del hecho, ocultamiento de pruebas, encubrimiento de los hechos, extracción de materiales esenciales para la investigación”, afirma la presentación del abogado Burlando.
El pedido de los querellantes es que la justicia investigue tanto a la empresa constructora, sus directivos y técnicos responsables, como a todos los profesionales y entidades que intervinieron en el diseño, cálculo estructural, dirección y control de la obra.
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Solicitaron que también se examine el desempeño de inspectores, autoridades y técnicos de seguridad que debían controlar la construcción, una pericia técnica independiente y que intervenga la Brigada Especial de Rescate USAR de la Policía Federal, con experiencia en derrumbes urbanos. Propusieron además al ingeniero civil Dunayevich como perito de parte, que fue aceptado por la fiscal.
Asimismo, reclamaron acceder a todos los documentos de obra, incluyendo planos, memorias de cálculo y libro de obra; el resguardo de registros de cámaras de seguridad —tanto públicas como privadas— en la zona del hecho y durante el retiro de escombros, y la recolección de testimonios de vecinos y testigos presenciales.
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En materia patrimonial, solicitaron la inhibición general de bienes de COSUD para que no vacíe su patrimonio y garantizar eventuales indemnizaciones, aunque este punto fue rechazado por la funcionaria judicial.
La respuesta de la fiscalía
En cuanto a las medidas de prueba propuestas, la fiscalía informó que el 3 de marzo -día del derrumbe- ya había ordenado pericias técnicas a Bomberos y al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, incluyendo evaluaciones para determinar si el colapso era previsible, cuáles pudieron ser las causas y si existieron deficiencias o incumplimientos.
La fiscal también amplió el pedido de información al Gobierno porteño sobre habilitaciones, inspecciones y documentación técnica de la obra y requirió un relevamiento integral de cámaras y testimonios en torno al hecho.
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Sin embargo, rechazó por ahora el pedido de inhibición de bienes a COSUD, argumentando que la causa está en una etapa inicial. No descartó adoptarla en el futuro si la investigación lo justifica.
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