El Gobierno recibió tres ofertas por USD 887 millones para privatizar Transener: quién se quedó con la red eléctrica del país

El Estado argentino avanza hacia su retiro definitivo de la estructura accionaria de Transener, el principal operador de transmisión eléctrica en alta tensión del país. Según confirmó la Secretaría de Energía este martes, el Gobierno recibió ofertas económicas por un total de USD 887 millones para quedarse con el 50% de Citelec, la sociedad que controla la empresa y cuyo capital accionario el Estado comparte con Pampa Energía.

El consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison Transmisión S.A. presentó la oferta ganadora, con USD 356.174.811,78, y se convertirá -sujero a confirmación oficial- en el nuevo co-controlante de Citelec junto a la firma dirigida por Marcelo Mindlin.

Las otras dos propuestas quedaron por debajo: Central Puerto S.A., cuyos principales accionistas son la familia Miguens-Bemberg, Eduardo Escassany y Guillermo Reca, ofreció USD 301 millones, mientras que Edenor S.A., encabezada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, propuso USD 230 millones. El precio base fijado en el pliego de condiciones era de 206 millones de dólares, un precio que, distintos actores del mercado consideraban subvaluado.

Según confirmó la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti, las tres propuestas superaron el piso establecido, aunque solo una puede adjudicarse la operación. La definición formal está prevista para mayo, conforme al cronograma oficial.

Detrás del consorcio ganador se encuentran Jorge Brito, presidente y accionista de Genneia y propietario del Banco Macro, y los hermanos Patricio y Juan Neuss, del Grupo Edison, junto a socios del fondo Inverlat que incluyen a Federico Salvai, dueño de Havanna, y a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, propietarios de Newsan. Aunque se presentaron en conjunto bajo una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en la estructura resultante cada empresa actuará de forma independiente y las acciones quedarán separadas.

La operación tiene como antecedente inmediato la privatización de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, por las que ingresaron USD 700 millones destinados a fortalecer las reservas internacionales y otorgar liquidez fiscal frente a compromisos financieros relevantes.

Un operador que mueve el 85% de la electricidad del país

La relevancia de la privatización de Transener radica en la escala e impacto del operador sobre la infraestructura energética argentina. Transener administra más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV que cruzan el país de norte a sur, y constituye la espina dorsal del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Junto a su subsidiaria Transba, responde por el 85% de la transmisión eléctrica nacional, con una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz, y opera más de 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión y 160 estaciones transformadoras.

La empresa es el único operador de alta tensión (500-220 kV) del país, mantiene una disponibilidad superior al 99,7% y cuenta con más de 1.770 empleados distribuidos en cinco regiones operativas con centros de control integrados y monitoreo constante.

Quiénes son los empresarios detrás de Edison y Genneia

Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada de más de 1.580 MW distribuida en ocho parques eólicos y seis solares. Desde enero de 2026, la conduce Jorge Brito, quien ya había presidido la compañía entre 2015 y 2022. Brito es hijo del banquero Jorge Horacio Brito, fundador del Banco Macro, institución que hoy preside. En 2024, Forbes ubicó a la familia Brito en el puesto 13 del ranking de las 50 personas más ricas de Argentina, con una fortuna estimada en USD 1.450 millones. Fuera del ámbito empresarial, Jorge Brito presidió el Club Atlético River Plate entre 2021 y 2025.

Edison Transmisión es el brazo de transmisión de Edison Energía, el holding que los hermanos Juan y Patricio Neuss —tercera generación de una familia con más de 120 años de historia en los negocios— conformaron junto a un grupo de inversores locales. Sus socios son Inverlat Investments, fondo integrado por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai —ex jefe de Gabinete de la gobernación bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal—, además de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, principal accionista y CEO de Newsan, el mayor fabricante de electrónica de Tierra del Fuego.

Los Neuss llegaron a esta licitación con un historial de adquisiciones que los posiciona como uno de los pocos grupos locales con experiencia real en gestión de infraestructura energética regulada. El grupo ya opera Edersa, la distribuidora eléctrica que abastece a más de 280.000 usuarios en Río Negro, y Harz Energy, una generadora solar en Córdoba. A principios de 2024 sumó las distribuidoras de Tucumán (EDET) y Jujuy (Ejesa), la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa, operadora de la represa Potrerillos en Mendoza. A fines del año pasado superaron a la estadounidense AES —que venía operando la represa de Alicurá desde mediados de los años 90— y a Aconcagua Energía en Cerros Colorados, por un total de USD 226 millones.

Las condiciones detrás de la licitación

La licitación nacional e internacional habilitó solo a empresas previamente precalificadas por la Comisión Evaluadora. El objetivo central del Gobierno fue captar fondos para el Tesoro y reimpulsar la inversión privada en infraestructura esencial, con continuidad del servicio bajo supervisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En los documentos de Energía Argentina S.A. (ENARSA) que describen la compañía para su venta, las concesiones otorgadas se definen como “monopolios naturales regulados” con plazos de hasta 95 años para la operación de la red de alta tensión.

La privatización se enmarca en la Ley 27.742 —conocida como Ley Bases—, que declaró a ENARSA sujeta a privatización, y avanzó a través del Decreto 286/2025 y las resoluciones ministeriales correspondientes. Forma parte de un plan más amplio de desinversión de los 15 activos de ENARSA, con el que el Gobierno busca reducir la participación pública en el sector energético.