La Justicia condenó a un ex integrante de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe, a tres años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, tras comprobarse su participación en un operativo ilegal con robo y falseamiento de documentos. El caso, ocurrido en el barrio República de la Sexta, revela un entramado de abusos policiales y manipulación de pruebas que quedó documentado en la causa.
El expediente describe una secuencia de hechos que comenzó el 7 de diciembre de 2024, cuando B. F. y otros efectivos interceptaron a un joven que circulaba en motocicleta sin portar identificación ni papeles del vehículo.
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Según la acusación de la Fiscalía, aunque no existía ningún pedido de captura ni alerta por el rodado, los uniformados retuvieron al conductor y lo obligaron a llevarlos hasta un domicilio familiar, ubicado en calle Esmeralda al 2000, sin orden judicial que avalara el procedimiento.
De acuerdo con el relato del fiscal Pablo Socca, al llegar al domicilio, los policías ingresaron por la fuerza y sin autorización, amenazaron y agredieron a las personas que se encontraban presentes y se apoderaron de dinero y celulares.
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La acusación incluyó también la denuncia de que los efectivos, tras la fuga del joven interceptado, ingresaron a otras viviendas de la zona sin las debidas garantías legales, donde sustrajeron más dinero y elementos electrónicos, entre ellos un sistema de sonido de reciente adquisición.
La resolución judicial, firmada por Lisandro Artacho, juez de Primera Instancia, según informó el portal Rosario3, se produjo tras la homologación de un procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa de B. F.
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El acuerdo incluyó la admisión de responsabilidad del imputado y la imposición de una condena de tres años de prisión efectiva, seis años de inhabilitación absoluta y diez de inhabilitación especial para la función pública. El fallo fue comunicado oficialmente el martes 10 de febrero.
El caso expuso además una metodología de encubrimiento que incluyó la confección de actas policiales con información falsa y la presentación de un revólver calibre 38 que, según la Fiscalía, fue plantado en la escena para incriminar falsamente al motociclista.
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Los documentos oficiales describieron la detención bajo cargos de portación ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad y cohecho activo, sustentados en pruebas manipuladas y declaraciones apócrifas.
Entre las irregularidades acreditadas en el expediente, la Justicia detectó autorizaciones de ingreso falsificadas, actas de secuestro fraguadas, y testimonios inventados. El joven detenido denunció además que fue golpeado y amenazado en la comisaría para forzarlo a revelar la contraseña de su celular, que contenía grabaciones del operativo policial. Los agentes intentaron eliminar ese material audiovisual, según indicó la investigación liderada por Socca.
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La condena a B. F. abarcó una extensa lista de cargos: privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, robo agravado por ser funcionario público, amenazas coactivas, lesiones leves calificadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, todos ellos en concurso real.
Condenaron a un policía por asesinato
A mediados del mes de diciembre, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata sentenció a prisión perpetua al policía bonaerense Maximiliano Abel González, hallado culpable por un jurado popular del homicidio triplemente agravado del adolescente Luciano Olivera, ocurrido durante un operativo policial en la ciudad de Miramar en diciembre de 2021.
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La condena fue dictada por el juez Facundo Gómez Urso, quien rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la pena formulado por la defensa y confirmó la aplicación de la sanción máxima prevista en el Código Penal. González, de 29 años, fue condenado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por abuso funcional de un miembro de una fuerza de seguridad, figura que prevé como única sanción la prisión perpetua.
El fallo se conoció tras la audiencia de cesura celebrada el 12 de diciembre, luego de que un jurado integrado por 12 ciudadanos declarara culpable el 28 de noviembre pasado al acusado por unanimidad, tal como exige el régimen de juicio por jurados vigente en la provincia de Buenos Aires.
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El crimen ocurrió en la madrugada del 10 de diciembre de 2021, cuando Luciano Olivera se encontraba con amigos en la plaza central de Miramar. Tras un llamado al 911 por ruidos molestos, un patrullero acudió al lugar. Según se reconstruyó en el juicio, el adolescente se retiró en una moto y fue perseguido por el móvil policial.
El tribunal dio por acreditado que, luego de interceptarlo en la vía pública, González descendió del patrullero y efectuó un disparo con su arma reglamentaria que impactó en el pecho del joven. La autopsia determinó que la bala provocó lesiones cardíacas, pulmonares y hepáticas, y causó una muerte casi instantánea.
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