
Una familia de Mar del Plata denunció haber sido víctima de una estafa inmobiliaria tras contactar a un martillero y corredor de bienes raíces de la ciudad, pareja de una conocida, para gestionar el alquiler de una vivienda en La Plata. La búsqueda del inmueble respondía a motivos familiares y laborales: el padre de Gabriela, residente de la capital provincial, se encuentra enfermo y requiere cuidados especiales por su edad y condiciones de salud, mientras que tanto su hija y su pareja trabajan en el Servicio Penitenciario y necesitaban un traslado laboral a esa ciudad.
La urgencia de la situación llevó a que la familia confiara en la intermediación de una mujer, quien los puso en contacto con una vivienda próxima a la Unidad N.° 9, en la zona de calle 9 bis y 85. Según Gabriela, la propuesta se dio bajo la premisa de que el martillero contaba con una inmobiliaria operativa en ambas ciudades y se les solicitó una reserva previa mediante la presentación de garantías y documentación respaldatoria.
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De acuerdo con la información publicada por el medio local 0223, la familia, que debía entregar una vivienda estatal en el barrio Penitenciario y coordinar la mudanza con antelación, firmó una oferta ad referéndum donde se establecieron condiciones claras: si la mudanza no se concretaba antes del 31 de enero o si la propietaria rechazaba la propuesta, la operación quedaría sin efecto. No obstante, el corredor solicitó el envío de garantías, recibos de sueldo y otros documentos, argumentando que la dueña necesitaba un anticipo y un mes de adelanto para liberar la propiedad.
El conflicto surgió al comprobar que la dueña no estaba al tanto de la fecha límite para desocupar la vivienda. La familia transfirió $1.100.000 al supuesto corredor, quien aseguró que ese monto era necesario para que la propietaria pudiera alquilar otro departamento. Tras efectuar el envío y conservar los comprobantes, dejaron de recibir respuestas a sus llamados y mensajes.
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Gabriela relató que, al intentar avanzar con la mudanza, se presentó en la vivienda, pero ningún representante de la inmobiliaria acudió a mostrarla. Tras dialogar con la madre de la propietaria y constatar la falta de avances, escribió a la dueña, quien confirmó desconocer la operación, no haber firmado documentos ni recibido dinero alguno, y no estar informada de la mudanza. Ante la ausencia de acuerdo, la propietaria desistió de la negociación y, según la cláusula de la oferta, el dinero debía ser reintegrado, pero nunca ocurrió.
La familia esperó hasta el 31 de enero, fecha prevista para la mudanza, sin obtener la devolución del monto ni avances en la gestión. En cambio, recibieron respuestas evasivas y, según Gabriela, amenazas e intentos de impedir el contacto directo con la propietaria, lo que dejó en evidencia las maniobras irregulares.
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Actualmente, la familia debe viajar de manera constante entre ambas ciudades. Gabriela se traslada a La Plata los miércoles por la noche y regresa los sábados de madrugada, mientras que su esposo realiza el trayecto inverso los fines de semana, una dinámica que se mantendrá al menos hasta el 1° de marzo.
El perjuicio económico se agravó al tener que solicitar un préstamo y destinar fondos originalmente previstos para la mudanza a un nuevo alquiler, que implicó un gasto adicional cercano a $1.500.000 en depósito y anticipos.
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Gabriela señaló que las personas involucradas, según su conocimiento, habrían sido funcionarias públicas exoneradas por delitos económicos y actualmente se dedicarían al alquiler y subarriendo de propiedades en ambas ciudades, incrementando los valores para obtener beneficios indebidos.

La denuncia por estafa fue presentada y derivada al área de delitos económicos. La familia solicita que la investigación avance, advirtiendo que el daño causado abarca tanto el aspecto económico como el emocional y laboral, y que deben afrontar gastos básicos y la falta de vivienda estable, mientras —según su testimonio— los responsables continúan operando con otras víctimas.
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