Dos cordobeses estafaron por $277 millones de pesos a dos empresas de Rosario e investigan si hubo otras víctimas

Dos ciudadanos cordobeses fueron imputados por la Justicia rosarina, acusados de haber perpetrado dos estafas que ocasionaron pérdidas millonarias a empresas locales. La cifra total rondaría los $277 millones.

Los acusados, F. G. R. (23) y J. E. G. (30), permanecerán ahora bajo prisión preventiva efectiva durante un plazo de 90 días, medida dispuesta por la jueza María Melania Carrara. Ambos se hicieron pasar por un gerente de adquisiciones de YPF –utilizando el nombre ficticio de Juan Cruz García– para iniciar procesos de compra de productos de alto valor, que luego retiraron sin nunca abonar.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, el proceso judicial avanza en la identificación de nuevas víctimas, dado que las investigaciones aún no han concluido.

El fiscal Carlos Covani, responsable de la acusación, expuso ante la jueza los detalles de la maniobra que se habría desarrollado entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Para poder concretar su estafa, los imputados utilizaban dirección de correo electrónico similar a la oficial de la petrolera.

A través de esa casilla, los delincuentes simularon gestiones comerciales, solicitaron cotizaciones y formalizaron pedidos. Para reforzar la credibilidad del engaño, enviaron documentación con membrete de la empresa y hasta concertaron una reunión en las oficinas de Puerto Madero, encuentro que posteriormente cancelaron bajo el pretexto de un problema de salud de un familiar.

La primera empresa afectada, Mercator S.A., sufrió un perjuicio de 34 millones de pesos. Entre septiembre y diciembre, la firma recibió pedidos de termos, vasos térmicos y recipientes para mates, que fueron retirados en una empresa de logística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todo quedó al descubierto cuando una de las facturas enviadas por el falso gerente resultó rechazada. Representantes de la compañía se dirigieron entonces a las oficinas de YPF, donde confirmaron que habían sido víctimas de una estafa.

La segunda víctima, Proaire de Rosario, reportó un daño aún más significativo. La empresa recibió un pedido de dos compresores a tornillo y tres compresores a pistón. Los equipos, valuados en 243 millones de pesos, fueron retirados y luego revendidos a través de redes sociales, según advirtió la empresa al recibir alertas de clientes sobre la aparición de sus productos en plataformas como Facebook Marketplace.

Así, la Policía de Investigaciones (PDI) logró identificar a los dos sospechosos en los barrios de Yapeyú y Patricios de la ciudad de Córdoba. Durante los procedimientos, se incautaron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la maniobra y la posible existencia de otras estafas similares.

El fiscal corroboró la utilización del mismo falso nombre, la misma línea telefónica y el mismo patrón de comunicación en ambos hechos. El uso sistemático de documentación apócrifa y canales digitales fue clave para concretar la defraudación.

La investigación judicial permanece abierta y las autoridades no descartan nuevas imputaciones en el corto plazo. Las empresas afectadas evalúan acciones legales para intentar recuperar parte del daño económico sufrido.

En diciembre, la PDI de Santa Fe, en coordinación con oficiales de la Policía Federal, logró desarticular uan red de estafas financieras que operaban de forma similar: simulaban ser operarios, obtenían créditos millonarios y robaron $1.800 millones.

La organización, integrada por al menos cuatro sospechosos, operaba mediante la suplantación de identidad de empresarios y una red de transferencias con criptomonedas para concretar las maniobras delictivas.

Conocida como “Operación Crypto-Agro”, la investigación estuvo a cargo del Departamento de Cibercrimen de Pergamino, encabezado por José María Cifuentes, y de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

El caso se originó a partir de la denuncia de un empresario de la localidad bonaerense, quien advirtió que delincuentes habían utilizado su identidad y datos personales para obtener un crédito millonario en un banco.

La causa avanzó con allanamientos simultáneos en puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires y del interior, entre ellos Puerto Madero, Rosario, Firmat, Colón, Claypole, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga. Los procedimientos concluyeron con la detención de los cuatro sospechosos.