La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aprobó la creación de un nuevo sistema federal de registro criminal que obligará a todas las fuerzas policiales y de seguridad a estandarizar y compartir, en tiempo real, los datos de sus operativos y procedimientos. El objetivo es terminar con años de cargado caótico y criterios distintos, para permitir que el Estado centralice la información estadística sobre delitos, recursos y el uso de la fuerza en todo el país.
La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, impone por primera vez un esquema único para la carga de datos sobre intervenciones policiales, personal desplegado, secuestro de bienes, personas detenidas o demoradas, recursos logísticos y hasta episodios de civiles o agentes muertos o heridos. Según la Resolución 108/2026, este sistema buscará información precisa sobre todos los operativos realizados en el territorio nacional y sus resultados, para articular políticas y evaluarlas con datos confiables.
La resolución reconoce que el panorama actual es desordenado. Los criterios de registro varían tanto que incluso entre fuerzas federales resulta muy difícil comparar o recolectar la información sobre un mismo tipo de evento. Para solucionar esto, la Dirección Nacional de Estadística Criminal será la responsable de administrar el esquema, dictar las reglas específicas y resolver los conflictos de interpretación.
De esta manera, la nueva modalidad fue creada bajo el nombre Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, bautizado con la sigla SIEFFSS y tendrá 7 grandes áreas de recolección de datos. Las fuerzas deberán informar cada intervención por delitos, respuestas a emergencias, despliegues por desastres o accidentes y operaciones de rescate. También habrá datos obligatorios sobre “cantidades y jerarquías” de personal —incluso quienes estén de licencia—, bienes decomisados y toda persona detenida, demorada o posteriormente liberada en hechos en los que intervengan los federales.

Otro punto abarca recursos materiales: cada fuerza tendrá que detallar “cantidades totales de vehículos o elementos logísticos”.
En cuanto a las consecuencias de los procedimientos, SIEFFSS exigirá registros sobre “personal fallecido o herido cumpliendo funciones, o en hechos fuera de servicio”, y sobre civiles que mueran tras el accionar de las fuerzas o resulten víctimas colaterales.
La resolución ordena que todas las unidades policiales designen un área única, exclusiva, para cargar estos datos. Esta oficina será la autorizada para modificar los reportes y tendrá que preservar cada registro “por al menos 20 años”.
A partir de ahora, cualquier informe que elaboren la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval o la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberá basarse exclusivamente en lo que esté en este sistema. Si surge algún dato inconsistente, la propia Jefatura de cada fuerza deberá corregirlo en forma inmediata.
“Todo informe estadístico basado en este modelo, tanto para el Ministerio de Seguridad Nacional como para uso de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, deberá ser generado exclusivamente con los datos provistos por esta área”, indica la resolución.
Como órgano central, la Dirección Nacional de Estadística Criminal será el canal obligatorio para recibir toda la información y para difundir las estadísticas elaboradas. La norma subraya la obligación de garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos. Asegura, además, que no se destinarán nuevos fondos estatales a esta estructura: “La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna”.

Esta nueva modalidad se enmarca en la Ley de Seguridad Interior y busca que toda la información resulte insumo directo para diseñar y seguir las políticas públicas.
La ministra Monteoliva encomendó a cada fuerza revisar y mejorar sus procesos internos de recolección y control de calidad de los datos. El texto obliga a unificar “criterios de carga, medición y seguimiento” e identificar cualquier desvío en el reporte, con comunicación inmediata a la máxima autoridad de la fuerza.
Ningún área de las fuerzas federales podrá mantener bases o listas alternativas para las estadísticas oficiales: toda cifra consolidada utilizada por el Ministerio de Seguridad Nacional deberá surgir del SIEFFSS.
Con este esquema, la ministra Monteoliva apuesta a transformar las bases de datos policiales para evitar superposiciones y omisiones en los reportes y acercar la gestión a los estándares internacionales de transparencia en materia de seguridad.
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