La Justicia de Brasil le concedió un habeas corpus a Agostina Páez y podrá regresar a la Argentina

La Justicia de Brasil resolvió este lunes conceder un habeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez, quien se encuentra detenida en Río de Janeiro desde hace más de dos meses tras ser denunciada por el delito de injuria racial. Para acceder al beneficio deberá pagar una fianza de 20 mil dólares, según pudo saber Infobae.

La presentación de la defensa de Páez fue finalmente admitida, lo que le permitirá regresar a la Argentina, previo pago de la fianza, mientras la causa judicial continúa.

El proceso que involucra a Páez estuvo marcado por cambios repentinos en las decisiones del tribunal. Durante la audiencia del pasado 24 de marzo, la abogada aguardaba una resolución sobre su repatriación. En un primer momento, el juez a cargo del caso había dispuesto su regreso a la Argentina bajo ciertas medidas cautelares, decisión que generó optimismo tanto en la propia imputada como en su círculo cercano. Sin embargo, esa determinación fue revertida horas después: el magistrado ordenó que la joven permaneciera en Brasil hasta el dictado del fallo definitivo, lo que incrementó la tensión en torno al desenlace del expediente.

Con la concesión del habeas corpus, Páez podrá retornar a su país de origen y cumplir desde allí cualquier medida dispuesta en el marco del proceso. La resolución fue comunicada a las partes este lunes y representa un giro relevante en la causa, ya que revierte la obligación de permanencia en territorio brasileño mientras se define su situación penal.

La abogada argentina había sido retenida en Brasil por una denuncia de injuria racial, un delito que en el país vecino prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. La acusación inicial incluyó tres denuncias en su contra, pero en la última audiencia la parte acusatoria resolvió unificar los cargos y solicitar una condena de dos años de prisión, la mínima prevista para ese tipo de ilícito. Tanto la querella como la fiscalía aceptaron el pedido de la defensa para que la imputada regrese a la Argentina y cumpla tareas comunitarias desde su provincia, lo que allanó el camino para el acuerdo que ahora debe ser evaluado por la Justicia.

El magistrado dispone de varias alternativas dentro del derecho penal brasileño. Una de las más plausibles es la homologación del acuerdo entre las partes, dictando una condena de dos años y sustituyendo la prisión por medidas alternativas. Entre estas se contemplan trabajos comunitarios, cursos obligatorios vinculados a derechos humanos o el pago de una multa. Dado que se trata de una pena baja y de una persona extranjera sin antecedentes en Brasil, la autorización para regresar al país de origen y cumplir las medidas desde allí es una opción prevista, siempre que exista cooperación judicial entre ambos Estados.

La decisión de otorgar un hábeas corpus a Agostina Páez significa que la abogada podrá esperar el fallo definitivo en la Argentina, en lugar de permanecer detenida en Río de Janeiro. Esta medida fue adoptada tras la aceptación de la presentación de la defensa y la coincidencia entre la fiscalía y la querella en el pedido de retorno. El juez analizará los alegatos finales antes de emitir su veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días. Durante ese tiempo, la acusada estará autorizada a permanecer en el país, sin restricciones de movilidad más allá de las que eventualmente determine la Justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.

El caso de Páez cobró notoriedad pública por la extensión de su detención y las idas y vueltas judiciales. Fuentes cercanas a la defensa calificaron como “insólito” el giro que tuvo la causa durante la última audiencia, cuando el juez primero autorizó el regreso y luego revocó esa decisión. De acuerdo con el entorno de la abogada, el cambio habría estado motivado por declaraciones televisivas realizadas tras el anuncio inicial, aunque esta hipótesis no fue confirmada de manera oficial.

Entre los escenarios menos probables se encuentra la posibilidad de una sentencia con una pena distinta a la solicitada o, en su defecto, la absolución si el juez considera que la prueba no es suficiente para acreditar el delito de injuria racial. En ese caso, la causa se cerraría y la abogada quedaría inmediatamente habilitada para regresar a la Argentina sin condiciones.