La jueza Luciana Vallarela dictó prisión preventiva a K. C., señalado como uno de los protagonistas en el crimen de Valentino “Pirañita” Ramírez, el adolescente de 16 años que fue ejecutado en el barrio Tablada de Rosario el último día del año pasado. La resolución judicial se conoció tras la audiencia en la que la Fiscalía, encabezada por Franco Tassini, ubicó al detenido como uno de los responsables directos de un hecho que sacudió a la zona sur de la ciudad.
El homicidio de Ramírez ocurrió el 31 de diciembre cerca de las 14.40, en la esquina de Biedma y Esmeralda, a escasos metros de la vivienda de la víctima. El joven circulaba por la calle, cuando fue interceptado por al menos tres personas que, según la causa, lo conocían del barrio. Entre los implicados se encontraba K. C., acompañado por un menor que se presentó ante la Justicia días después.
El expediente judicial reconstruyó que los atacantes entablaron una breve conversación con Ramírez mientras lo acompañaban por la vereda. Al llegar a la intersección de Esmeralda, K. C. se adelantó abruptamente y se posicionó frente al adolescente, bloqueando cualquier posible maniobra defensiva. En ese instante, un tercer individuo, cuya identidad aún permanece bajo investigación, se acercó y disparó en tres ocasiones por la espalda. “Las heridas provocaron una hemorragia masiva, que derivó en un shock hipovolémico que ocasionó su deceso”, consignó el informe forense citado por Rosario3.
El hecho de violencia se inscribe en un contexto de alta conflictividad, donde la marginalidad y las disputas barriales marcan el pulso cotidiano. La víctima, Valentino Yandel Ramírez, era conocido en el barrio como “Pirañita”; su vida se desarrollaba entre situaciones de pobreza y antecedentes de delitos menores, según describieron fuentes del caso. Ramírez fue ejecutado “a escasos metros de su casa”, acentuando la crudeza del episodio.
La investigación avanzó rápidamente luego del crimen. Así, K. C. fue detenido el 5 de enero tras ser identificado por el Comando Radioeléctrico en los monoblocks de Risso y Gutiérrez, mientras pesaba sobre él un pedido de captura reciente. En ese operativo, los efectivos policiales lograron aprehenderlo sin hallar armas en su poder. La Fiscalía sostiene que su rol resultó determinante para que el tercer implicado pudiera concretar la ejecución.
A la par de la detención de K. C., otro menor de edad, que también habría participado en el hecho, se entregó ante la Justicia. Los investigadores siguen tras la pista del tercer sospechoso, quien habría actuado como autor material de los disparos. Se retiraron en forma conjunta, corriendo por Esmeralda en dirección sur.
El mismo medio recordó que, meses antes, K. C. había sido demorado en un operativo policial vinculado a un conflicto entre facciones en la zona de Puerto de Belgrano y 27 de Febrero. Entonces, la Policía interceptó varios vehículos y demoró a diez personas, entre ellas al propio imputado, aunque en esa ocasión no se incautaron armas.
El ambiente de violencia no dio tregua en el barrio. El martes posterior al crimen, se produjo otro ataque armado en el mismo cruce de Biedma y Esmeralda. Un hombre de 36 años recibió dos disparos que lo dejaron internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), luego de que desconocidos atacaran la fachada de una vivienda desde dos motocicletas. La agresión derivó en la detención de cuatro sospechosos, cuya situación procesal aún permanece bajo análisis.
Minutos después del asesinato de Ramírez, efectivos policiales arrestaron a tres hombres de 23, 25 y 33 años en inmediaciones del pasaje Guerrico al 3600. En el operativo se secuestró un vehículo Nissan, elemento de interés en la causa. Las circunstancias exactas y la posible relación de estos detenidos con el crimen principal siguen bajo investigación, mientras la fiscalía intenta esclarecer todas las responsabilidades.
La instrucción del caso continúa bajo la supervisión de Franco Tassini, quien mantiene abiertas diversas líneas de investigación para dar con el tercer implicado y esclarecer el trasfondo del ataque. La decisión de la jueza Luciana Vallarela de mantener al joven privado de la libertad fue fundada en la gravedad de los hechos y la existencia de pruebas que lo ubican como partícipe necesario.
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