Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones a altos funcionarios del régimen de Nicaragua por su rol en la represión interna, la vigilancia estatal y la persecución de opositores, en una decisión que apunta a las estructuras que sostienen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Departamento del Tesoro anunció que la medida afecta a la ministra de Trabajo, responsables de inteligencia militar, financiera y de telecomunicaciones. Los sancionados quedan excluidos del sistema financiero estadounidense y no podrán realizar transacciones comerciales con entidades del país.
La lista incluye a Johana Vanessa Flores, ministra de Trabajo; Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz, de la Unidad de Inteligencia Financiera; Celia Margarita Reyes, vicedirectora del Instituto de Telecomunicaciones; y el mayor general Leonel José Gutiérrez, jefe de inteligencia militar.
Según el Departamento del Tesoro, estos funcionarios contribuyeron a un clima represivo en Nicaragua a través de vigilancia, persecución de opositores y violaciones sistemáticas a los derechos laborales.
El Departamento detalló que Flores permitió la explotación de empleados y la confiscación de bienes de empresas extranjeras, con impacto en la competencia.
Sobre Gutiérrez, la notificación indica que encabeza una de las áreas más reservadas del ejército y coordina con servicios de seguridad para monitorear a manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.
La Unidad de Inteligencia Financiera, bajo Membreno y Sáenz, ha sido utilizada para controlar y hostigar a opositores. La orden de sanción afirma: “El gobierno utiliza las instituciones contra el lavado de dinero como herramienta de persecución política”.
En el caso del Instituto de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua, la inclusión de Reyes responde a su papel en el aparato estatal de vigilancia. La directora general del organismo, Nahima Janett Díaz, ya había sido sancionada en 2022.
El alcance de las sanciones es amplio: los afectados no pueden abrir ni mantener cuentas bancarias en Estados Unidos, ni operar comercialmente con empresas estadounidenses.
Un portavoz del Departamento de Estado sostuvo: “Este gobierno seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para enfrentar a quienes amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio”. El comunicado insiste en la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua.
Las sanciones forman parte de la estrategia de Washington para aislar al régimen de Ortega y Murillo, señalado por represión política y violaciones a los derechos humanos. Nicaragua mantiene una relación tensa con la comunidad internacional, agravada tras la expulsión de 222 presos políticos en 2023 y la retirada de la ciudadanía a opositores.
Días antes, el Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, donde permanecen la mayoría de los presos políticos.
La decisión se basó en graves violaciones de derechos humanos. La sección 7031(c) de la ley presupuestaria estadounidense permite cancelar visas y negar la entrada a personas implicadas en tortura, represión o corrupción.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado preocupación por el deterioro de las garantías fundamentales en Nicaragua. El Consejo Permanente de la OEA ha invitado al régimen de Ortega a reincorporarse a la organización y cumplir los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Washington reafirmó su apoyo a la sociedad civil nicaragüense y mantiene la presión diplomática y financiera sobre los responsables de la represión. El comunicado oficial concluye: “El apoyo de Estados Unidos al pueblo de Nicaragua es constante y firme frente a la deriva autoritaria del régimen”.
(Con información de AFP)
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