El enfermero acusado de vender ampollas de fentanilo y otros fármacos a través de una app de mensajería, fue condenado en las últimas horas a cinco años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay. Se trata de Julio Santiago Santillán, detenido en marzo junto a su hermano, quien se constató durante el juicio que comercializaba drogas sujetas a prescripción médica mientras cubría una licencia en un hospital público de la ciudad entrerriana.
Además de la pena, la Justicia le impuso una multa de más de cinco millones de pesos, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos relacionados con la salud y la prohibición permanente para desempeñar funciones vinculadas al manejo de psicofármacos tanto en el ámbito público como en el privado. Asimismo, dispuso el decomiso del celular utilizado por el condenado para las transacciones.
La investigación a Santillán se activó a partir de una denuncia anónima recibida el 18 de febrero por la delegación local de la Policía Federal Argentina. En el reporte aportó el nombre del involucrado e indicó que cumplía funciones en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Justo José de Urquiza. También dio el canal que utilizaba para la venta de los medicamentos: redes sociales, concretamente la aplicación de mensajería Telegram.
A partir de esa comunicación, la fiscalía federal de Concepción del Uruguay dispuso la realización de tareas de vigilancia y recopilación de pruebas sobre el acusado.
Durante los primeros días de seguimiento, los agentes de la Policía Federal identificaron la actividad de Santillán en dos grupos abiertos de Telegram llamados “Los más rico cdelu” y “Entre Ríos”. En ambos espacios digitales, el enfermero ofrecía ampollas de fentanilo, pastillas de risperidona, carbamazepina y lorazepam, productos reservados para tratamientos médicos controlados.
También publicaba fotografías de los envases, listas de precios y mensajes con instrucciones para adquirir los medicamentos tanto por unidad como al por mayor. El perfil digital de Santillán exponía detalles de disponibilidad, entregas y pagos, lo que facilitó a los investigadores comprobar el flujo y la recurrencia de las ventas.
Como parte de la pesquisa, la fiscalía introdujo en los grupos de Telegram un agente encubierto bajo identidad falsa. Este policía encubierto simuló ser comprador y, a través de numerosos intercambios de mensajes, pactó la adquisición de ampollas de fentanilo con el acusado.
Los diálogos con el agente revelador permitieron reconstruir los detalles del modus operandi utilizado: Santillán explicaba las propiedades del fentanilo, resaltaba su potencia y sus efectos, y aclaraba que el producto ofrecido era de laboratorio y no “cortado”. Incluso especificaba dosis recomendadas y advertía sobre riesgos, aportando información sobre dependencias y destinos de cada partida.
La primera compra controlada contó con registro fotográfico y vigilancia a distancia y sucedió el 11 de marzo en una intersección céntrica de Concepción del Uruguay. El enfermero, movilizándose en bicicleta, entregó al agente encubierto cuatro ampollas de fentanilo a cambio de 55.000 pesos en efectivo.
Animado por ese negocio, Santillán propuso poco después una operación mayor: ofreció 30 ampollas de fentanilo a cambio de un millón de pesos, demostrando que manejaba una cantidad significativa de droga robada del hospital público. El 20 de marzo se concertó una segunda compra pactada, tras la cual el enfermero fue detenido en pleno acto, con 34 ampollas en su poder y distintas cajas de psicofármacos.
En operativos posteriores se allanaron domicilios vinculados y dependencias hospitalarias. Se secuestraron 24 ampollas de fentanilo guardadas en un táper, más dosis en bolsos personales y numerosos blísteres de medicación psiquiátrica.
Durante el comienzo de la causa, Santillán confesó que por motivos económicos comenzó a extraer una ampolla de fentanilo en cada guardia que cubría como suplente, hasta reunir un stock suficiente que luego comercializaba en Telegram. Declaró almacenar las drogas en el antebaño de la Unidad de Terapia Intensiva, evitando así ser descubierto por colegas.
El tribunal evaluó que utilizó su acceso a medicamentos restringidos violando los controles y normativas internas del hospital, que actuó incumpliendo deberes de funcionario público y que empleó una infraestructura estatal para obtener beneficios personales mediante el desvío de estupefacientes y psicofármacos.
El fallo subraya la gravedad de su accionar, dada la función de custodia y administración de insumos que le estaba asignada y el potencial riesgo sobre la salud pública que generó el desvío de medicamentos de alto impacto. El tribunal sostuvo que la reiteración de estas conductas, sumada a la organización para la venta, justificaba la inhabilitación perpetua para tareas vinculadas al manejo de drogas y medicamentos sujetos a control.
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