Condenaron a un hombre por obligar a una adolescente a ser su pareja durante casi 10 años

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de San Martín condenó a un hombre a 10 años de prisión por forzar a una adolescente a ser su pareja durante casi una década. Se trata de José Rolendio Polo, que hoy tiene 58 años, a quien sentenciaron por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual reiterado. Según determinó la Justicia, Polo mantuvo a la víctima bajo sometimiento durante una larga etapa en la que nacieron dos hijos fruto de la explotación.

La sentencia, dictada por el juez José Antonio Michilini e informada por el propio tribunal, se dio en consonancia con el pedido realizado por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales de esa jurisdicción. El fallo calificó los hechos como un caso de trata de personas en su modalidad de recepción y acogimiento con fines de explotación, agravado por abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación cuando la víctima era menor de 18 años.

El tribunal también ordenó que Polo indemnice a la víctima con 38 millones de pesos en concepto de daño material y moral, dispuso el decomiso de un teléfono celular utilizado en el marco de los delitos y la extracción de material genético del condenado para su inclusión en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos de integridad sexual. Los fundamentos de la sentencia se conocieron el viernes pasado.

La causa comenzó tras una denuncia presentada el 28 de junio de 2022 por la víctima ante la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Según el expediente, la joven relató que, a los 10 años, se trasladó de Formosa al barrio Marabó, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, para vivir con un tío materno. Cerca de esa vivienda residía Polo.

La investigación judicial reveló que, a los 12 años, la madre de la víctima la envió a vivir con otro hombre, seguidor del rito umbanda, donde fue sometida a intentos de abuso. Luego, bajo amenazas y presiones económicas, la madre la obligó a prostituirse con familiares, conocidos y en una casa de tolerancia.

En 2011, cuando la joven estaba por cumplir 15 años, su madre arregló que Polo mantuviera relaciones sexuales a cambio de dinero y mercadería. En esa dinámica, la víctima resultó embarazada y, pese a las presiones maternas para interrumpir la gestación, tuvo a su primer hijo. Tiempo después, Polo le adjudicó su apellido y la joven quedó sometida a una dependencia psicológica y económica. Entre otras coacciones, Polo argumentaba que “nadie iba a estar con ella porque tenía 15 años y un bebé”, según consta en las declaraciones recabadas por la justicia.

Durante los años siguientes, Polo continuó el sometimiento, hasta que en 2020 la situación escaló. La joven denunció violencia doméstica, hostigamiento y amenazas de muerte en la Comisaría de la Mujer, y presentó pruebas de que Polo había incendiado su vivienda mientras sus hijos, de 3 y 9 años, estaban adentro.

En el juicio, el fiscal Gentili describió el proceso como una “compra de una persona menor de edad por un precio, con la finalidad de someterla a una unión forzosa asimilable a un matrimonio o concubinato”, y resaltó la gravedad del daño personal y social ocasionado.

El juez Michilini coincidió con esa interpretación, estableciendo que la “unión de hecho” impuesta por Polo “configura una modalidad contemporánea de servidumbre matrimonial o ‘matrimonio forzado’”, y que la víctima fue privada de su autonomía y sometida a explotación sexual prolongada a través de distintos mecanismos de coacción y dependencia.

La defensa de Polo negó los hechos y solicitó la absolución, mientras que la representante legal de la víctima había pedido una reparación integral mayor a 40 millones de pesos. El monto fijado por el tribunal quedó establecido en 38 millones.

La investigación sobre la madre de la víctima y otros familiares sigue abierta ante la Justicia Federal de Mercedes.