En Honduras, la violencia ejercida por pandillas y grupos criminales ha dejado de ser un asunto de cifras y titulares escuetos. Un reciente informe del Observatorio de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes realizado por Casa Alianza de Honduras y el apoyo de ACNUR, arroja datos alarmantes: decenas de niñas, niños y adolescentes son reclutados y utilizados, cada año, para actividades delictivas, obligándolos muchas veces al desplazamiento forzado.
Las raíces del reclutamiento forzado en Honduras son profundas y están ligadas a factores históricos: la pobreza, la exclusión educativa, la desintegración familiar y la violencia generalizada. El informe denuncia que la limitada presencia estatal en los barrios más afectados solo genera “caldos de cultivo” para la criminalidad, poniendo a la niñez en el centro del huracán.
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Entre junio 2024 y junio 2025, se registraron 66 casos de reclutamiento forzado, de los cuales el 80% derivó en desplazamiento de las víctimas y sus familias. Un dato que alarma: la mayor incidencia ocurre en adolescentes de 12 a 17 años y la distribución entre géneros es casi similar, con 32 casos masculinos, 30 femeninos y 4 de otra identidad.
Francisco Morazán y Cortés lideran la lista de departamentos con mayor incidencia, reflejando un fenómeno particularmente agudo en las grandes urbes y sus periferias.
Más allá de las cifras
El informe resalta que el reclutamiento forzado no solo implica la participación directa en actividades armadas; abarca tareas de vigilancia, mensajería, microtráfico, extorsiones y, en muchos casos, explotación sexual, especialmente hacia las niñas reclutadas. Estas prácticas rompen proyectos de vida, generan ansiedad, depresión, abandono escolar y estigmatización social.
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Peor aún, la respuesta institucional suele ser la criminalización: el 94% de las denuncias por tráfico de drogas afectan a adolescentes varones, usualmente tratados más como victimarios que como víctimas, lo que perpetúa dinámicas de exclusión y dificulta la atención y rehabilitación.
El fenómeno
Aunque Honduras cuenta con leyes pioneras, la implementación es aún deficiente. El informe señala la fragmentación entre instituciones, la ausencia de atención psicosocial y educativa efectiva, y la falta de datos coordinados que permitan una respuesta estatal adecuada.
El Observatorio y Casa Alianza hacen un llamado urgente para fortalecer la coordinación estatal, dotar de recursos los sistemas de protección y reconocer a los NNA reclutados como víctimas, no como criminales.
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La prevención requiere no solo leyes, sino programas reales en las comunidades, acceso a la educación y alternativas de desarrollo. La justicia, por su parte, debe garantizar procesos restaurativos y protección integral para romper el ciclo de violencia y devolver la esperanza a miles de niñas, niños y adolescentes.
Desde ACNUR, la problemática del reclutamiento forzado no es nueva en Honduras y ha sido identificada por organismos nacionales e internacionales como una de las principales causas del desplazamiento interno de la niñez y adolescencia.
Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indican que entre 2016 y 2023 se registraron 322 casos de reclutamiento forzado y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales, lo que los lleva a abandonar sus comunidades para proteger su vida e integridad.
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