La Justicia de Santa Fe confirmó la condena impuesta a Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, quienes se desempeñaron como máximos responsables de la Policía de la Provincia de Santa Fe durante los años 2015 y 2016.
La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones, que resolvió mantener las penas de 6 años y 6 meses de prisión para ambos ex jefes policiales, quienes además quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años y deberán pagar una multa económica.
La sentencia fue ratificada por los jueces Fernando Gentile Bersano, Roberto Prieu Mántaras y Bruno Netri en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Según la acusación sostenida por la Fiscalía, Odriozola y Grau condujeron una asociación ilícita dedicada a defraudar la administración pública, a través de un sofisticado mecanismo que incluía facturación de reparaciones inexistentes de móviles policiales y compras simuladas de repuestos.
De acuerdo a la información del portal Rosario3, la raíz de la investigación se remonta a 2016, cuando Maximiliano Pullaro, en ese momento ministro de Seguridad y actual gobernador provincial, detectó irregularidades en el área de logística policial (D4).
Las primeras evidencias apuntaron al cobro sistemático de arreglos y repuestos que no se verificaban en los móviles de la fuerza. De acuerdo con los informes judiciales, los exjefes policiales firmaban cheques, avalaban facturas y aprobaban rendiciones de cuenta que convalidaban la salida irregular de recursos del erario público.
La maniobra no solo afectó a las finanzas policiales, sino que además implicó la participación de otros funcionarios, contadores y civiles vinculados con talleres mecánicos y comercios de autopartes.
En el marco de esta causa, ya se condenaron a nueve personas en juicios abreviados, varias de ellas con penas de prisión efectiva, producto de su participación en esta asociación ilícita.
Odriozola y Grau fueron los únicos implicados en arribar a debate oral, donde la Fiscalía Provincial, a cargo de Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, solicitó para ellos las máximas sanciones legales vigentes. Sin embargo, sus defensas habían impuesto recursos para morigerar la pena.
Durante las audiencias, el tribunal dio por probado que los ahora condenados serían los jefes de la organización que durante 2015 y 2016 defraudó las arcas públicas a través de facturaciones truchas y servicios inexistentes.
Al fundamentar su decisión, los jueces remarcaron que la gravedad institucional del caso reside en el hecho de que los imputados eran la autoridad máxima de la Policía provincial al momento de los hechos.
La sentencia reiteró que Odriozola cometió los delitos entre enero y agosto de 2015, mientras que Grau lo hizo entre septiembre de 2015 y febrero de 2016.
Durante la causa, se documentó la confección de facturas falsas y la autorización de gastos ficticios, con firmas y respaldos de los propios imputados, que favorecieron el desvío de fondos y el enriquecimiento ilícito de los involucrados.
El caso fue destacado por los fiscales Hernández e Ilera como “un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción, ya que tanto Odriozola como Grau fueron la máxima autoridad de la Policía en toda la provincia al momento de los ilícitos”.
Ambos consideraron que la ratificación constituye un mensaje firme sobre la tolerancia cero a estos esquemas de defraudación estatal.
Los fiscales también anticiparon que evalúan los pasos a seguir respecto a la reparación económica de los perjuicios ocasionados.
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