
Leandro Ginóbili, hermano del ex basquetbolista de la NBA Emanuel Ginóbili y presidente del Club Bahiense del Norte al momento del trágico derrumbe de una estructura ocurrido en diciembre de 2023, que provocó 13 víctimas fatales en medio de un feroz temporal que azotó a gran parte de la provincia de Buenos Aires, declaro este miércoles
Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal bahiense, Ginóbili declaró durante unas cuatro horas en la UFI N°1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, y afirmó que no tenía conocimiento que el club no podía funcionar.
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En cambio, sí admitió que estaba al tanto de que no tenía habilitación, pero a pesar de ello nunca recibieron intimación municipal.
Al ser consultado por si conocía las advertencias meteorológicas que se habían emitido para la jornada en la que se desarrolló el trágico temporal, el hermano de Manu Ginóbili dijo que no estaba informado sobre algún peligro climático antes del evento de patín que se realizaba en el establecimiento al momento del derrumbe. Ni por los medios de comunicación, ni por ninguna otra vía.
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En cuanto a la actividad que realizó el ingeniero Pablo Ascolani -autor de informes técnicos favorables sobre la estructura edilicia en los años 2014 y 2016-, para el club y a pedido de las autoridades, Ginóbili afirmó que su tarea fue certificar la cantidad de metros que estaban construidos, pero no la seguridad de las instalaciones.
En este sentido, dijo que como presidente del club no tenía la obligación de constatar las condiciones estructurales porque ya venía en funcionamiento hace muchos años, y nunca habían tenido problemas.
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Al finalizar su declaración, se le dio a conocer el delito que se le imputa: estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.
Derrumbe y tragedia
El 16 de diciembre de 2023, un violento temporal con ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora azotó a la ciudad de Bahía Blanca y alrededores, y provocó el derrumbe de una estructura en el Club Bahiense del Norte, donde se desarrollaba una exhibición de patín.
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El colapso causó 13 muertos y dejó decenas de heridos, pero también una profunda huella de dolor en la historia de Bahía Blanca. Ese sábado fue uno de los días más trágicos de la ciudad. Incluso, movilizó a la zona del desastre al presidente Javier Milei y a los por entonces ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.
La catástrofe destruyó barrios, derribó 14.000 árboles, dañó 150 escuelas, afectó a 10.000 viviendas y obligó a 350 personas a evacuarse.
En ese contexto, el fiscal Aguilar avanzó con nuevas imputaciones en la investigación que busca determinar responsabilidades penales por el derrumbe del club.
El fiscal Aguilar consideró que el dirigente, en su condición de presidente del club, “omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previas de color naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional, y otra emitida por el municipio de la ciudad a las 13 horas”.
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Además, el fiscal remarcó que Ginóbili conocía que el club no contaba con habilitación municipal vigente y que el Código de Habilitaciones prohibía expresamente el desarrollo de actividades en instituciones sin aprobación definitiva.
En el dictamen, el Ministerio Público sostuvo que la conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común que derivó en el fallecimiento de 13 personas, múltiples lesiones y la exposición al riesgo de muerte de todos los asistentes al evento. Por este motivo, la fiscalía considera que su accionar encuadra en las figuras penales mencionadas y requiere una evaluación judicial.
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Por otra parte, Aguilar también imputó a Laura Fabiana Soberon, quien se desempeñaba como responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca. La funcionaria fue convocada a prestar declaración indagatoria el 4 de diciembre y está acusada del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la investigación, habría permitido la continuidad de actividades masivas dentro del club pese a las restricciones establecidas por el Código de Habilitaciones, que impide el funcionamiento de locales sin la correspondiente aprobación municipal.
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El fiscal determinó que Soberon habría incumplido su obligación de fiscalizar y detener los eventos desarrollados en un espacio aún no habilitado.
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