La Corte Suprema está dividida frente al femicidio de una mujer embarazada y convocó a conjueces para definirlo

La Corte Suprema de Justicia convocó a dos conjueces para intervenir en el caso de Julieta González, la joven asesinada en 2016 en Mendoza, y por el cual Andrés Di Césare se encuentra cumpliendo una condena por femicidio.

La inclusión de más jueces responde a la expectativa de una votación dividida entre los actuales integrantes del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, de acuerdo a la información a la que accedió Infobae.

En la causa se dio la discusión en torno a si había, efectivamente, mediado violencia de género.

El expediente que examinan involucra a Di Césare, condenado por el homicidio de la joven de 21 años en la localidad mendocina de Cacheuta, Luján de Cuyo. El cuerpo de González fue hallado atado de pies y manos, seis días después de que la familia denuncie su desaparición el 21 de septiembre. Estaba en una zona montañosa cercana al penal de máxima seguridad de Almafuerte y en las proximidades encontraron el DNI y la campera de la víctima.

Según el relato posterior de la madre durante el proceso judicial, Julieta y Andrés se conocían desde la infancia y, tras un reencuentro, comenzaron a salir a pesar de que ambos tenían otras parejas. La chica les contó cómo resurgió el vínculo con “Andresito”, así como las salidas que tuvieron durante poco más de un mes en distintos puntos de la ciudad. “Me contó que él le recordó cuando de chicos jugaron a la botellita y se dieron el primer beso”, sostuvo la mujer. Días previos al asesinato, la chica presentó al joven de 26 años e hijo de un reconocido empresario del transporte provincial, como su novio.

La noche de la desaparición, la madre de González se comunicó con el joven, quien negó saber algo sobre el paradero de su hija. Él admitió que ese día se habían peleado, que ella lo arañó y que él respondió pegándole en el rostro; pero que después la había llevado algunas cuadras en su vehículo, y cuando se bajó no la vio más.

Sin embargo, los forenses encontraron piel de Di Césare debajo de las uñas de la víctima y sangre de ella en el automóvil de él. Los registros de las antenas de telefonía ubicaron a ambos en el mismo sitio la noche del crimen. A esto se sumó el dato de que el acusado había realizado búsquedas en Internet sobre cómo deshacerse de un cuerpo y sobre pruebas de ADN a un feto de un cadáver antes de que se perpetrara el homicidio. Sucede que la principal hipótesis fue que ese mismo día González le comunicó que esperaba un hijo suyo.

Condena por homicidio

De acuerdo con la reconstrucción admitida por los tribunales, la motivación del crimen se dio porque González le habría confesado que estaba embarazada, lo que llevó al joven a actuar con violencia. En 2019 quedó detenido y fue juzgado por el crimen. El tribunal penal mendocino consideró acreditado el homicidio, pero desestimó el agravante de violencia de género.

De esta manera, la condena a 18 años de prisión fue por homicidio simple, ya que, según argumentaron los jueces, no había existido un vínculo de pareja formal ni existían elementos suficientes para calificar el hecho como femicidio. La decisión provocó una inmediata reacción en organizaciones como #NiUnaMenos, que rápidamente se movilizaron.

En 2021, la Sala Segunda de la Corte de Mendoza modificó la calificación del crimen, considerando que el homicidio se había perpetuado en un contexto de violencia de género. Así, la pena de prisión de Di Césare fue modificada a prisión perpetua conforme al artículo correspondiente a la figura mencionada.

La validación se sustentó, entre otros aspectos, en el estado en el que quedó el cuerpo de González y en la evidencia de asimetría de poder. El fallo provincial sostuvo: “La multiplicidad de lesiones y el modo en que fue agredido el cuerpo de la víctima son indicadores de una voluntad disciplinadora, de una toma de control por parte del agresor ante la resistencia de la víctima a ser sometida –se afirmó-. Resulta innegable que existió una discusión –aun cuando se ignore el contenido preciso de la misma– y que Di Césare empleó todos los medios que tuvo a su disposición –mayor contextura física para asfixiar hasta la muerte y golpear, inclusive, con las piedras del lugar– para imponerse ante la endeble defensa de Julieta González. Estas circunstancias evidencian una clara asimetría de poder, propia de la violencia de género”.

Esto llevó a que la defensa del acusado interponga diversos recursos. El proceso llegó al ámbito nacional a través del recurso de casación horizontal, que condujo la causa a la Corte Suprema. El máximo tribunal, tras verificar la complejidad y sensibilidad del caso, dispuso la incorporación de Rocío Alcalá, jueza federal de Resistencia, y Gustavo Castiñeira, juez federal de Mendoza, seleccionados por sorteo. Según pudo saber este medio, ambos fueron notificados y tendrán a su cargo desempatar la votación si persiste la división entre los ministros del tribunal.