En el ámbito del Poder Judicial bonaerense, unas 100 denuncias activas pesan actualmente sobre un universo de más de 4.000 funcionarios y magistrados, informaron desde la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados.
La cifra fue confirmada por la Directora General de Coordinación Instructiva de ese organismo judicial, Carolina Szelagoswki.
Szelagowski, que ocupa ese cargo desde 2018 y actualmente lidera su área de instrucción, señaló que el número de expedientes activos representa menos del 3% del total de funcionarios denunciables.
“En la Secretaría tratamos de que el procedimiento sea lo más confortable posible para todos los que participan, ya sea el denunciante como el denunciado”, remarcó al ser entrevistada en Radio Olavarría.
Aclaró que el proceso no es penal ni tiene una víctima directa en términos ordinarios. “Su propósito es preservar la credibilidad y la eficacia del sistema judicial”, dijo Szelagowski, quien destacó que cada denuncia implica revisar no solo la conducta sino la idoneidad del funcionario, bajo el objetivo de asegurar un estándar acorde a lo que exigen el ingreso y la permanencia en la magistratura. “La justicia necesita agentes que estén a la altura de los privilegios que la sociedad les otorga”, sostuvo.
Con respecto al perfil de los denunciados, la funcionaria admitió que vio “muchos jueces denunciados con trayectorias intachables, solo por el lenguaje empleado en sentencias”. De esta manera, hizo alusión a la necesidad de adaptación permanente del derecho y de los magistrados a los cambios sociales.
La funcionaria también se refirió al impacto emocional que los procesos de jury acarrean sobre los involucrados. A su juicio, contener, escuchar y acompañar no solo es parte del trabajo, sino una obligación ética: “El juez es juez hasta el día que eventualmente lo destituyen; acompañarlo es clave”.
Igual relevancia le otorga al trato que se brinda al denunciante, que arriba muchas veces tras una larga cadena de insatisfacciones en el sistema: “Quien denuncia suele sentir que la Justicia no lo escuchó donde tenía que escucharlo”.
Szelagowski consideró que la instauración de la Secretaría y la incorporación de actores externos, como el Colegio de Abogados, “modernizaron y democratizaron el proceso de enjuiciamiento”. Para la funcionaria, el Poder Judicial “está siendo puesto a prueba de manera constante”, y remarca la importancia de mantener la independencia y autoestima del sector pese a las presiones crecientes.
Según expresó, "muchas veces se confunde la garantía de inamovilidad y los salarios de los jueces con privilegios injustificados", por lo que llamó a los magistrados a “estar a la altura de esos privilegios”.
La funcionaria, además, cuestionó el incremento de causas que trasladan decisiones políticas a los estrados judiciales, y opinó que la transferencia de responsabilidades legislativas o ejecutivas al poder judicial erosiona el sentido del orden institucional. “Para mí, la justicia tiene como fin fundamental mantener el orden social. Si obligamos al juez a resolver conflictos políticos, perdemos rumbo”, enfatizó.
En cuanto a los procedimientos, Szelagowski aclaró que “las sentencias de los jury son, en principio, irrecurribles, salvo recursos extraordinarios ante instancias constitucionales”. Consideró que ese rigor es otra de las garantías del sistema y resaltó que pese a las críticas frecuentes, “la mayoría de los miembros del Poder Judicial cumple su labor con vocación y responsabilidad”.
En un contexto de demandas crecientes y falta de recursos, el bajo número de denuncias en curso sobre un total de 4.000 funcionarios y magistrados marca, según Szelagowski, el esfuerzo cotidiano que sostiene la legitimidad del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires.
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