
Iniciar una investigación exhaustiva de los aumentos recurrentes de precios de los planes que ofrecen las empresas telefónicas a los panameños, fue solicitada a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
Las quejas de la población son constantes, debido a que consideran que el alza reiterada en la tarifa telefónica es injustificada y se les aplica sin previo aviso, por lo que la entidad que regula los servicios públicos llamó a la autoridad que rige la protección de los consumidores para que haga las respectivas averiguaciones.
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Ante la inconformidad de los usuarios de las telefónicas, esta semana el presidente José Raúl Mulino dijo durante su habitual conferencia de los jueves que “esas son empresas privadas, el Estado panameño no tiene nada que ver en fijación de precios para una cosa o para la otra”.
En Panamá operan las empresas Tigo (Millicom Tigo Panamá S.A.) y Más Móvil (Cable & Wireless Panamá, CWP, subsidiaria de Liberty Latin America), que de acuerdo con la ASEP han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios.
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Diseñado bajo un esquema de libre competencia, en el mercado de telecomunicaciones panameño las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector.

Si bien estas empresas concesionarias han cumplido con la formalidad de comunicar dichos incrementos con una anticipación mínima de 30 días calendario, conforme a lo establecido en la normativa, la ASEP considera necesario que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia evalúe si los aumentos aplicados por distintos operadores en periodos similares podrían estar afectando las condiciones de libre y leal competencia en el mercado.
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La ASEP también informó este viernes que como parte de su fiscalización continua realizó el pasado 21 de febrero inspecciones a las empresas TIGO y Cable & Wireless Panamá, en las que se detectaron deficiencias en procesos de atención y gestión de solicitudes de los usuarios.
Entre los aspectos observados se encuentran la obligación de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, así como la necesidad de mejorar los tiempos de atención y la efectividad en la gestión de solicitudes.
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La entidad reguladora de los servicios públicos advirtió que, de persistir estas situaciones, se procederá con la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en la ley.
En una nota de prensa, la entidad reiteró que se mantendrá reforzando sus acciones de fiscalización a nivel nacional sobre todas las empresas concesionarias, como parte de su compromiso de garantizar servicios públicos de calidad, continuos y confiables para la población.
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Con la salida voluntaria de Digicel del mercado local en marzo de 2024, en Panamá operan solo dos empresas de telefonía móvil, Tigo y Más Móvil, por lo que diversos sectores señalan que hay que abrir la opción para tener un tercer operador, en aras de una mayor competencia.
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