
El reciente avance de una investigación judicial en Rosario de la Frontera, en provincia de Salta, permitió desmantelar una banda dedicada a estafas que, durante meses, había logrado captar la atención de numerosos vecinos mediante la promesa de supuestos descuentos en el pago de los servicios públicos. Así, pedían un pago por adelantado antes de la supuesta emisión de la factura.
Tras medio año de averiguaciones, la operación, liderada por la Policía de Salta a través de su Dirección General de Investigaciones, culminó con la detención de los principales sospechosos y el secuestro de elementos clave para la causa.
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La investigación contó con la intervención directa de la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, que dirigió las actuaciones, y el Juzgado de Garantías N° 1, responsable de emitir las órdenes judiciales necesarias para los procedimientos. Por su parte, los acusados deberán responder por los delitos de asociación ilícita y estafa.
El caso comenzó a gestarse en junio, cuando comenzaron a registrarse las primeras denuncias de damnificados. Fue así como la División Brigada de Investigaciones 13 asumió la responsabilidad de poner en marcha las tareas de inteligencia y el análisis de la información recabada.
De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, este trabajo permitió identificar a los integrantes de la organización y delinear el alcance de su estructura, que, según las sospechas de los investigadores, funcionaba con roles claramente definidos y una coordinación precisa.
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A partir de la información recopilada, reconstruyeron que el método utilizado por la banda consistía en ofrecer a los usuarios de distintos barrios la posibilidad de acceder a descuentos significativos en el pago de boletas de servicios públicos.
Para ello, solicitaban dinero por adelantado y lograban explotar tanto la confianza como la vulnerabilidad económica de las víctimas. Este esquema, sencillo en su concepción, pero efectivo en su ejecución, generó un flujo constante de denuncias que motivó la intervención de la justicia y la policía.
La fase decisiva de la investigación se materializó con la realización de seis allanamientos simultáneos en diversos sectores de Rosario de la Frontera. Según precisaron fuentes de la causa, los operativos se concentraron en los barrios San Antonio, 9 de Julio, Palermo y la zona Centro, donde se ubicaban los domicilios de los principales investigados.
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Como resultado, las autoridades lograron detener a los sospechosos y ponerlos a disposición de la Justicia. Además, confirmaron el hallazgo y secuestro de una serie de objetos que resultarían fundamentales para el esclarecimiento del caso.
Entre los elementos incautados figuraron teléfonos celulares, esenciales para la comunicación y coordinación interna de la banda, una computadora utilizada para la gestión de datos y un posnet de pago, que habría servido para simular transacciones o cobrar los montos exigidos a las víctimas.
Detuvieron a efectivos de seguridad por realizar controles truchos a tours de compras

Una investigación federal, que se extendió durante cuatro meses, permitió identificar a los integrantes de la banda, quienes montaban retenes apócrifos en rutas clave para extorsionar a conductores de tours de compras y a vehículos sospechados de contrabando. Así, aprovechaban su rol para exigir pagos a cambio de permitir el paso sin inspección.
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El operativo, que culminó con la detención de cinco acusados, cuatro de ellos pertenecientes a la Policía Federal Argentina, Gendarmería y la Policía de Santiago del Estero, se inició tras las denuncias presentadas por viajeros que pasaban por la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, cuando se dirigían hacia Santiago del Estero.
Los denunciantes relataron haber sido intimidados por uniformados que, valiéndose de conos, chalecos, linternas y armas, simulaban procedimientos oficiales para exigir coimas bajo amenaza de decomisos o sanciones inexistentes.
La Unidad de Investigaciones Antidrogas Santiago del Estero (Gendarmería) documentó que los miembros de la organización se coordinaban mediante teléfonos móviles y disponían de información precisa sobre los vehículos y recorridos de los tours de compras. El seguimiento permitió establecer patrones de actuación y horarios en rutas nacionales estratégicas, como la Ruta 16, donde la banda aguardaba la llegada de los transportes con mercadería.
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Fue así que el jueves pasado los sospechosos fueron atrapados en el camino donde operaban. Posteriormente, personal judicial y policial realizó allanamientos en Granadero Gatica y en domicilios de Monte Quemado y Quimilí. También se confirmó que los implicados eran oriundos de Monte Quemado.
Durante los procedimientos se incautaron prendas oficiales, chalecos balísticos, armas de fuego, conos, dinero, teléfonos celulares y dispositivos lumínicos empleados para simular retenes legítimos. Entre los elementos secuestrados, las autoridades destacaron la variedad y autenticidad del material utilizado, lo que facilitaba la confusión de los conductores y la efectividad de la extorsión.
La investigación también reveló la existencia de posibles vínculos con informantes en la frontera norte y con circuitos ilegales de tráfico de estupefacientes. Según el expediente, la banda recaudaba sumas millonarias en coimas y aplicaba tarifas diferenciadas en función de la mercadería transportada y los acuerdos alcanzados con los coordinadores de los tours.
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De esta manera, el juez federal Guillermo Molinari ordenó la detención e imputación de B. M. (Policía Federal Argentina), R. C. (Policía de la provincia de Santiago del Estero), el civil S., el gendarme M. y un quinto integrante apodado “Bebe”, quien permanece prófugo. Este último, también efectivo de la Policía santiagueña, habría huido hacia el departamento Anta, en la provincia de Salta, tras detectar el avance de la investigación. La Policía provincial mantiene activa una orden de captura para dar con su paradero.
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