
Jorge Guillermo Ojeda (29), uno de los siete presos que hicieron un boquete en el baño y se fugaron de una cárcel de Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones, fue recapturado durante la noche de este lunes, en el marco de un fuerte operativo de búsqueda que la Policía provincial desplegó en zonas urbanas y sectores rurales sensibles de la región.
La reciente detención se suma al arresto de Juan José Ferreira Alvez, alias “Motito”, otro de los internos que había escapado de prisión, mientras que las autoridades trabajan para dar con los otros cinco prófugos.
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Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que Ojeda fue detenido cerca de las 21, en el barrio Tránsito Pesado de la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Allí, los efectivos identificaron al fugitivo y procedieron a su captura. Durante el operativo no se registraron incidentes ni personas lesionadas.

Tras su aprehensión, Ojeda fue trasladado inmediatamente a una dependencia de la zona para su alojamiento, y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.
“Motito” Ferreira Alvez, en tanto, había sido hallado horas después de la fuga por una patrulla del Comando de San Antonio y fue restituido a la sede policial.
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Con apoyo de unidades regionales y comisarías aledañas, personal de la Policía de Misiones continúa con el rastrillaje y los operativos coordinados para dar con los restantes prófugos, identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais y Darío Brítez, todos ellos con procesos judiciales abiertos.
Fuga y búsqueda
La alarma se encendió pasada la medianoche de este lunes, cuando el personal de guardia detectó la ausencia de los detenidos al momento de una revisión. Un hueco en la pared del baño confirmó la hipótesis de un escape planificado y en pocos minutos la Policía despachó patrullas a las inmediaciones, montando controles en accesos y caminos secundarios. Las primeras horas del operativo, centradas en el rastreo cercano al puesto policial, permitieron establecer uno de los puntos de fuga hacia zonas de denso monte lindero a la frontera internacional.
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Según informaron desde la Unidad Regional XII de la Policía misionera, los siete detenidos lograron evadirse realizando un boquete en el baño del calabozo, lo que confirmó la hipótesis de un escape planificado La situación generó un despliegue coordinado de fuerzas en ambos lados del paso fronterizo, que sumaron recursos tecnológicos y coordinación internacional.
El cerco de seguridad incluye inspecciones con personal a pie, uso de vehículos especiales y la disposición de retenes móviles en rutas secundarias que conectan distintos caminos rurales. Además, los canes entrenados participan en recorridos por sectores de difícil acceso, mientras los operadores de drones procuran identificar movimientos inusuales en el espeso follaje característico de la zona.
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Desde la central de la Unidad Regional XII se monitorea la información que recogen los equipos desplegados, con ajuste dinámico del dispositivo de búsqueda a partir de datos actualizados en tiempo real.

El operativo de búsqueda se desarrolla con la colaboración de Brasil, cuyo aporte fue considerado por las autoridades provinciales como “fundamental” ante la proximidad geográfica y la existencia de pasos no habilitados a lo largo de la línea internacional, conocida en el ámbito policial por su difícil vigilancia debido al entorno selvático.
En ese contexto, personal de la Policía Militar brasileña se sumó a las labores mediante puntos de control paralelos, asistencia en rastrillajes y el intercambio virtual constante sobre posibles avistamientos o movimiento sospechoso en áreas limítrofes.
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En tanto, desde la Jefatura de Policía se ordenó la intervención de Asuntos Internos para determinar eventuales incumplimientos o responsabilidades en la custodia de los internos.
El objetivo de la investigación administrativa es establecer cómo pudo producirse la evasión y si existieron irregularidades o negligencia en los procedimientos de control de la dependencia durante la noche.
El trabajo conjunto contempla la utilización de sistemas de información compartida, alertas a otras fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, además de la coordinación con autoridades judiciales para el seguimiento de las investigaciones penales que recaen sobre los fugados.
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