El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó prisión preventiva a catorce ex agentes policiales de la Unidad Regional II (URII) de la Policía de Rosario -entre los que había altos mandos- acusados de integrar una asociación ilícita que desviaba fondos públicos destinados a la carga de combustible para patrulleros.
La medida alcanzó al ex jefe policial Daniel Acosta y a su secretario privado Rodrigo Domínguez, señalados como principales responsables de la maniobra que provocó millonarias pérdidas al Estado provincial entre mayo de 2023 y mayo de 2025. Ambos, habían quedado imputados hace unos días, mientras que el resto de los implicados detenidos, fueron acusados formalmente.
La resolución, comunicada tras tres jornadas de audiencias, sigue la línea de imputaciones presentadas por el fiscal José Luis Caterina. El Ministerio Público sostiene que los implicados operaban en connivencia con propietarios y personal de la estación de servicio Gas Auto Tiferno S.A., situada en Ovidio Lagos al 3900, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de Rosario. Mediante sobrefacturación y “cargas fantasmas” de nafta, dicha asociación ilícita sustrajo parte de las partidas que desembolsaba el gobierno de Santa Fe, según detalló el expediente judicial difundido por Rosario3.
La medida cautelar tendrá vigencia hasta el 14 de mayo del año próximo, pero existe la posibilidad de que se prorrogue si la Fiscalía eleva una acusación preliminar antes de esa fecha. El proceso ya cuenta con 28 personas involucradas, entre agentes y civiles; algunos recuperaron la libertad, mientras que otros permanecen bajo prisión preventiva, indicó el fiscal Caterina en conferencia de prensa. “Esta decisión era lo que habíamos pedido: que pudieran quedar en prisión preventiva y la validación de la imputación por asociación ilícita”, señaló el funcionario judicial.
Los hechos
Los primeros arrestos ocurrieron en mayo, cuando la causa salió a la luz tras la ejecución de operativos en dependencias policiales y la estación de servicio.
La investigación sostiene que el grupo criminal ejecutó dos mecanismos principales de fraude. Por un lado, sobrefacturaba el combustible adquirido; por otro, registraba cargas inexistentes en los móviles. Los fondos desviados por estos métodos habrían ocasionado, según estimaciones de la Fiscalía, un perjuicio mensual de entre 45 y 90 millones de pesos para la administración de Santa Fe. En abril pasado, por ejemplo, la URII registró gastos por más de 406 millones de pesos en combustible. Tras las detenciones de junio, ese monto se redujo a poco más de 348 millones.
El fiscal Caterina explicó que el ex jefe Acosta encomendaba a Domínguez la administración de una “Oficina de Gestión de Multas”, estructura usada para presionar a los jefes de divisiones que demoraban la restitución del dinero. En estre sentido, señaló: “En más de una ocasión tuve que ir a hablar en forma personal con el jefe de unidad, porque era impresionante la presión que sentía yo, que ejercía sobre mí el señor Domínguez. No solo sobre mí, sino sobre los jefes de secciones y sobre los administradores. Era una presión permanente donde él quería que aumentemos lo que se generaba, que subamos más plata y no se podía. Llegó a inventar el nombre de una oficina, OGM, Oficina de Gestión de Multas. Si te atrasabas con un pago, te cobraba una multa. Si encontraba un error en un vale, te cobraba una multa, si pedías un permiso te cobraba una multa. Y la mayoría de las multas eran asados para 10 personas, una caja de vino Luiggi Bosca, whisky".
El expediente también menciona, de acuerdo con Rosario3, operaciones en las que Acosta y otros mandos autorizaban cargas que nunca se efectuaron o cuya documentación fue falsificada. La instrucción sostiene que esta modalidad permitía justificar gastos oficiales, mientras los beneficios se repartían entre los involucrados.
La declaración de un “arrepentido” aportó detalles logísticos, nombres clave y rutinas habituales de quienes participaban del esquema de fraude. Esta información derivó en la ampliación de imputaciones y consolidó la acusación por peculado y cohecho pasivo, afirmaron fuentes cercanas al expediente en declaraciones recogidas por Rosario3.
Pérez de Urrechu avaló el pedido del Ministerio Público de la Acusación y consideró suficientes las pruebas para dictar la prisión preventiva de los catorce involucrados.
Quiénes son los imputados
Entre los civiles implicados, figuran directivos y empleados de la citada estación de servicio, presuntamente beneficiados con parte de los fondos desviados por la asociación ilícita.
La lista de procesados incluye a Daniel Acosta (ex jefe de la URII), Rodrigo Domínguez (secretario privado de Acosta), Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros), Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito), Roberto Blanco (ex Sección Logística), Nicolás Cuesta (ex jefe de Adicionales), Diego Luna (ex Cuerpo de Guardia de Infantería CGI), Edgardo Roldán (ex inspector de Zona VI), Roberto Sandoval (ex interventor de Medicina Legal), Héctor Saucedo (ex Motorizada), Diego Santamaría (ex Comando Radioeléctrico), Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada), Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada) y Fabián Fantín (Escuadrón Caballería y Sección Perros).
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