La investigación por el desvío millonario de fondos que estaban destinados a la carga de combustible en los patrulleros que derivó en la detención de 17 personas, 13 de ellos, policías -algunos, en cargos jerárquicos en Rosario-, sumó un nuevo capítulo con el arresto de Daniel Acosta, ex jefe de la fuerza hasta marzo, cuando se hicieron los allanamientos.
Acosta cayó junto a otros agentes más. En total fueron trece los allanamientos solicitados por el fiscal José Luis Caterina y llevados a cabo este jueves por la División de Asuntos Internos.
En los procedimientos fueron aprehendidos Acosta, Diego S., Héctor S., Nicolás C., Fabián B., Roberto S., Roberto B., y Adrián B.
Algunos de los detenidos ostentaron jefaturas de distintas divisiones de la Policía rosarina hasta marzo, cuando ocurrió el cimbronazo institucional por el legajo penal que, incluso, conllevó la intervención de la Unidad Regional II por orden del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, medida que sigue vigente hasta el día de la fecha.
Según pudo saber Infobae, en las últimas dos semanas varios de los policías ya imputados en la causa ofrecieron declarar en carácter de “arrepentidos” para aportar información al fiscal, quien impulsó los nuevos procedimientos.
De acuerdo a la teoría del caso, las maniobras para desviar el dinero se hicieron de dos formas: una, por sobrefacturación del combustible cargado en los móviles policiales, la otra, por cargas ficticias o “fantasmas”.
Se presume que en los primeros diez meses de la investigación se generó un perjuicio de al menos 45 millones de pesos mensuales a las arcas provinciales.
En el legajo ya fueron imputados Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Ramírez, titular de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería respectivamente.
Los otros agentes acusados, pero de menor rango, fueron Javier Arce de Infantería, el subinspector Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito, el subinspector Jorge Delgado de la División Logística, el subinspector Sergio López del Comando Radioeléctrico, el subinspector Gustavo Bazán de la División Logística, el inspector Juan Villordo de la brigada motorizada, la empleada de la División Personal Nancy Plomer y el inspector Franco Cuesta de la Policía de Investigaciones.
Los civiles, en tanto, son Mónica Juana Bianconi, presidenta del directorio “Gas Auto Tiferno S.A.”, su director suplente Oscar Artemio Coullery, el encargado Daniel Reynoso y la empleada administrativa María Fernanda De Franco. Todos ellos relacionados a una estación de servicio que está situada en Ovidio Lagos al 3900, a diez cuadras de la Jefatura de Policía de Rosario, donde se concentraron las operaciones investigadas por el Ministerio Público de la Acusación.
Cómo operaba la banda
El fiscal Caterina expuso la evidencia recolectada mediante distintas medidas. Por un lado, leyó comunicaciones entre los coimputados, producto de intervenciones telefónicas. También mostró la información que arrojaron los GPS que él ordenó colocar a algunos patrulleros para comprobar los recorridos hechos y compararlos con el combustible cargado.
Por último, exhibió fotos de policías hoy imputados que, de civil o uniformados, iban quincenalmente a la estación de servicio a retirar el dinero en efectivo acordado, que era sacado en sobres de papel madera o en cajas.
En su exposición, el fiscal enfatizó que en el relevamiento hecho con la División de Asuntos Internos detectó que había 85 patrulleros que figuraban fuera de servicio en julio del año pasado, pero aparecían cargando combustible en los documentos registrados por el personal policial involucrado.
Dos camionetas, por caso, fueron detectadas en fuera de servicio en un depósito, con problemas de arranque. Como no tenían GPS, el fiscal ordenó que se les colocara dicho dispositivo el 30 de octubre del año pasado, y el resultado fue sorprendente: hasta el 21 de noviembre de ese año, uno de esos vehículos no circuló por fuera del predio de la Jefatura de Policía, y en algunos días ni siquiera fue encendido. Sin embargo, aparece haciendo ocho cargas de combustibles por un monto de 252 mil pesos.
Otro ejemplo fue el uso de un Renault Clio, un móvil no identificable, que era utilizado por el comisario Juan Pablo Pigozzi, quien solo en diciembre pasado le cargó combustible –según la documentación elevada– por 1.422.000 pesos. El fiscal ponderó que dicho monto arrojó que el auto llegó a cargar nafta hasta dos veces al día.
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