La Justicia de La Pampa confirmó en las últimas horas la condena al policía que sacó a cuatro presos de una subcomisaría para que trabajaran en su casamiento, un caso que generó polémica en la provincia.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Impugnación Penal y ratificó la pena contra Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay, según informaron desde el Poder Judicial de La Pampa a través de sus canales oficiales y reprodujo el portal Infohuella.
De esta manera, Galván deberá afrontar un año y tres meses de prisión en suspenso por el delito de abuso genérico de autoridad. Además, quedó inhabilitado el doble del tiempo de la condena para trabajar en cualquier cargo o empleo público.
La decisión estuvo a cargo de los jueces María Paola Frigerio y Mauricio Federico Piombi, quienes rechazaron todos los planteos de la defensa, que había intentado anular la condena alegando irregularidades en el proceso y una supuesta falta de pruebas firmes.
Los magistrados destacaron que el juez de primera instancia, Andrés Olié, había dado un análisis minucioso de los testimonios de los agentes y de los presos, y que no hubo contradicciones graves entre los hechos expuestos en la acusación y los que finalmente se dieron por probados.
“El magistrado brindó fundamentos suficientes de por qué dio preponderancia a un testimonio por sobre otro”, sostuvo el tribunal, remarcando además la dificultad de obtener relatos claros por tratarse de detenidos.
Los hechos probados
El 31 de mayo de 2024, Cristian Galván, entonces jefe de la subcomisaría de Lonquimay -un pueblo de dos mil habitantes ubicado sobre la ruta nacional 5, a unos 65 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa-, organizó su fiesta de casamiento en un pub ubicado a solo una cuadra de la dependencia policial.
Ese día, cuatro presos (Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Dante Sánchez) bajo su custodia fueron llevados hasta el salón sin autorización judicial para cumplir tareas de mozos, asadores y encargados de la limpieza.
La acusación incluso detalló que uno se ocupó de hacer el asado principal, otro armó mesas, mientras que dos más sirvieron el almuerzo y levantaron la basura tras la fiesta.
También se informó que los detenidos fueron desde la subcomisaría hasta el lugar del evento caminando, algunos sin custodia. Y regresaron por sus propios medios a sus celdas luego de la celebración a la que asistieron alrededor de 35 personas.
De esa manera, su jornada de fuera de las celdas se extendió de 9 a 18 horas. Cabe remarcar que ninguno de ellos poseía autorización ese día para realizar diligencias fuera de la dependencia.
La causa penal se inició luego de que el episodio se volviera “un secreto a voces” en el pueblo y las autoridades tomaran intervención tras las actuaciones internas en la sede policial. El caso llegó a juicio, donde varios de los involucrados se mostraron reticentes a declarar.
Los testigos que declararon en el debate, entre ellos tanto otros policías como familiares y algunos propios invitados, ofrecieron versiones confrontadas sobre lo ocurrido, aunque el tribunal finalmente consideró que existió coincidencia entre el relato de los agentes y los testimonios de los presos sobre la participación forzada en el evento. La condena se conoció a fines de julio.
Las consecuencias para Galván no solo fueron penales. Además de la suspensión e inhabilitación, el fallo ordenó la notificación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y estableció que el ex jefe policial debe fijar domicilio y someterse al control de un ente dedicado a la reinserción social durante dos años.
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