En Rafaela, el descubrimiento de más de seiscientas recetas electrónicas apócrifas sacudió a la comunidad de jubilados y trabajadores de la salud. El caso, que involucra a G.V.B., farmacéutica titular de una farmacia local, y A.J.M., médico residente en Gálvez, destapó una maniobra que estafó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) durante siete meses.
Según determinó el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, los profesionales idearon una operatoria que permitía simular la provisión de medicamentos a nombre de beneficiarios de PAMI a través del sistema de recetas electrónicas.
El médico confeccionaba prescripciones para personas que no eran sus pacientes, utilizando su usuario y clave en el sistema, mientras la farmacéutica gestionaba la dispensa e ingresaba los consumos como si hubieran sido retirados y utilizados efectivamente por los afiliados.
“Se encuentra acreditado con el grado de probabilidad requerido que la farmacéutica, con la participación necesaria del médico, simularon una regular provisión de medicamentos en nombre de afiliados del PAMI que no fueron consumidos por ellos, o los fueron consumidos en menor cuantía, provocando un gasto injustificado e improcedente del organismo estatal”, expresó la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Para el juez, la evidencia reunida –tanto en la investigación administrativa del organismo como en tareas de Gendarmería Nacional y peritajes informáticos– demostró que se utilizaron datos de setenta y ocho afiliados para emitir 636 recetas entre febrero y septiembre de 2021, muchas de las cuales correspondían a personas que negaron conocer al médico ni haber solicitado esos medicamentos. El total del perjuicio estimado para el PAMI supera los $ 1.125.228.
La imputación fue categórica: la farmacéutica quedó procesada como autora de defraudación a la administración pública, mientras que el médico fue considerado partícipe necesario. El juez ordenó además un embargo de hasta $ 1.000.000 sobre los bienes de cada uno y les impuso como medida de coerción la obligación de someterse al proceso, no obstaculizar la investigación y comunicar cambios de domicilio al tribunal.
La investigación inició, según el sitio fiscales.gov.ar, con una denuncia de una afiliada de Rafaela, que advirtió irregularidades en su cuenta corriente de la farmacia: figuraban medicamentos consignados como retirados por ella, pero sin que los hubiera solicitado ni recibido.
El caso escaló cuando la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI recibió el alerta y remitió la información al fiscal Jorge Gustavo Onel, de la Sede Descentralizada Rafaela, quien tomó las primeras medidas.
Los investigadores analizaron archivos digitales provenientes de una auditoría interna del PAMI y detectaron un patrón. No solo la denunciante figuraba como receptora de recetas de medicamentos expedidos por el médico A.J.M., sino otros setenta y siete afiliados, la mayoría de los cuales no lo reconocían como su profesional ni habían generado tales requerimientos.
Una auditoría por muestreo reveló que ni el consumo ni la entrega de esos medicamentos habían ocurrido en la realidad.
Varios elementos técnicos robustecieron la acusación. Un informe de la empresa de telecomunicaciones Personal permitió rastrear las direcciones IP, desde donde se emitieron las recetas, hasta los domicilios reales y comerciales de la farmacéutica.
La Gendarmería Nacional allanó la farmacia y secuestró ocho gabinetes de computadoras. El posterior análisis pericial resultó clave para reconstruir el circuito electrónico: las recetas apócrifas se generaban desde allí, con la clave y usuario del médico, cuyas credenciales permanecían vigentes desde septiembre de 1977.
En paralelo, la filial Santa Fe del PAMI abrió un sumario administrativo al médico, quien recibió además una sanción económica. Diez afiliados entrevistados durante el proceso reafirmaron no haberlo tenido como profesional, ni ser consumidores de los medicamentos en cuestión ni clientes habituales de la farmacia involucrada.
El trámite judicial transitó varias etapas. Tras la indagatoria a los profesionales, el juez Gastón Salmain –subrogante en ese momento– había dictado la falta de mérito para procesar o sobreseer en febrero de 2024. La fiscalía apeló y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la decisión, con argumentos que fueron retomados enseguida por el juez Cuello Murúa para avanzar con el procesamiento de ambos imputados.
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