El hallazgo de un presunto esquema de fraude en el otorgamiento de pensiones por discapacidad en la localidad salteña de Joaquín V. González llevó a la Justicia Federal de Salta a declarar de carácter complejo la causa, tras confirmarse que hay alrededor de 22 personas bajo investigación.
A lo largo de los procedimientos que se realizaron en el expediente, los investigadores incautaron aproximadamente ocho millones de pesos, junto con abundante documentación y dispositivos electrónicos. Asimismo, informaron que hay cerca de 10.000 expedientes en revisión que podrían estar vinculados a la maniobra.
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En consecuencia de la cantidad de información que habría disponible para analizar, la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, resolvió declarar la causa como compleja. La medida se tomó, tras el pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, quien encabeza la pesquisa iniciada en mayo de 2024.
De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la magistrada fundamentó esto en los parámetros establecidos por el Código Procesal Penal Federal. En este sentido, mencionó el elevado número de personas involucradas, la magnitud de los hechos investigados y la vasta cantidad de documentación que requieren de peritajes y análisis, como argumentos para sustentar su decisión.
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El origen de la causa se vinculó con la detección de un mecanismo que guardaría similitudes con el caso descubierto en febrero de 2023 en la localidad chaqueña Taco Pozo, donde se comprobó un fraude en la tramitación de pensiones por discapacidad.
En el caso de Salta, los investigadores sospechan que se habría replicado un sistema análogo para la concesión irregular de estos beneficios. Por esto, se ordenó la realización de 17 allanamientos en distintos puntos de Joaquín V. González. Como resultado, se secuestraron ocho millones de pesos, documentación relevante y dispositivos informáticos que actualmente son objeto de peritaje.
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Según explicaron las autoridades, se cree que los elementos que podrían encontrarse en cada uno de los elementos incautados serían determinantes para constatar la existencia de una presunta red de gestores, profesionales de la salud y funcionarios púbicos que habrían contribuido a la emisión y tramitación de pensiones por invalidez falsas.
En los procedimientos participaron más de 60 efectivos de la Gendarmería Nacional y otros 20 móviles de la fuerza federal, que tuvieron como blanco varias clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales en El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y Salta capital.
En el plano procesal, la jueza Giménez rechazó el pedido de dos de los investigados que habían solicitado el acceso al legajo de la causa antes de la formalización de la imputación. La negativa se basó en el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal. A pesar de esto, la magistrada autorizó que las defensas sean informadas sobre los hechos investigados y las personas involucradas, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 del mismo código.
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El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta subrayó que la declaración de “complejidad” habilitaría la extensión de los plazos de investigación, la realización de nuevas pericias y un análisis más exhaustivo del circuito de otorgamiento de las pensiones. Además, se busca determinar el perjuicio económico ocasionado al Estado y establecer las responsabilidades de los distintos actores que habrían participado en la maniobra, entre los que se mencionan médicos, gestores y funcionarios.
En línea con esto, las autoridades evalúan la posibilidad de que los involucrados pudieran ser imputados por los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumentos públicas y defraudación al Gobierno provincial.
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La investigación permanece bajo la dirección del fiscal Amad, con el respaldo de fuerzas federales, y se prevé que en los próximos meses se formalicen las imputaciones contra los principales sospechosos. Hasta el momento, 22 personas se encuentran bajo investigación en este expediente.
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