Imputaron a una funcionaria de San Juan y a ocho personas por ser parte de una banda que falsificaba documentos

Una funcionaria del Registro Civil de la localidad de Pocito, en San Juan, y otras ocho personas fueron imputadas en una causa por presunta asociación ilícita. Según el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, los involucrados habrían integrado una banda dedicada a emitir documentos apócrifos utilizados para realizar estafas millonarias.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona residente en la provincia de Buenos Aires, quien detectó que se utilizaba un DNI con imagen y huellas dactilares ajenas para solicitar préstamos y efectuar transacciones comerciales en su nombre.

A partir de las primeras medidas investigativas, se identificó una conexión con el Registro Civil de Pocito. De acuerdo con los registros, se suponía que la víctima habría solicitado la renovación del documento en esa sede. Al ser desmentido por el denunciante, se identificó la posible participación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales.

La investigación, encabezada por el fiscal Fernando Alcaraz, permitió identificar a N. L. C., funcionaria pública responsable del Registro Civil de Pocito, como una de las principales implicadas. Se cree que ella habría coordinado con otros imputados un mecanismo para incorporar datos biométricos falsos —fotografías y huellas dactilares— en trámites formales, lo que posibilitaba la emisión de DNIs materialmente auténticos, pero ideológicamente falsos, es decir, con identidades apócrifas.

Durante la exposición de la teoría del caso, la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez describió la existencia de una estructura criminal organizada con distribución de roles, cuyo objetivo era la comisión de delitos de falsedad documental y estafas. Asimismo, señalaron que el grupo operó al menos desde agosto de 2024 hasta mediados de 2025.

Respecto a la modalidad que tenía, la funcionaria aseguró que la banda reclutaba personas que facilitaban sus datos biométricos para la confección de DNIs falsos. A través del uso de estos, solicitaban créditos y adquirían bienes, principalmente electrodomésticos, que luego se comercializaban en el mercado informal. El monto total de las estafas atribuidas asciende a 156.218.895 pesos.

La acusación formal incluye los delitos de falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad, estafa, asociación ilícita y conductas previstas en la Ley Nº 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional. Además, dos de los acusados enfrentan cargos por defraudación mediante uso de nombre supuesto por realizar transacciones económicas bajo identidades ficticias.

En su intervención, el fiscal Alcaraz destacó la gravedad institucional del caso, tras señalar que no solo afectaría el patrimonio de particulares y entidades financieras, sino que también comprometería derechos fundamentales como la identidad, la fe pública y el ejercicio de los derechos civiles y políticos. En este sentido, subrayó que algunas víctimas no pudieron ejercer su derecho al voto, debido a las maniobras fraudulentas perpetradas por los investigados.

El “caso testigo”, como lo denominó la Fiscalía, facilitó la realización de allanamientos y la recolección de pruebas digitales y documentales. Estas diligencias derivaron en la formalización inicial de la investigación penal el 2 de julio, fecha en la que se dictó la prisión preventiva de la principal acusada, medida luego confirmada por un juez de impugnación.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Fiscales, en esa oportunidad, otras tres personas fueron imputadas y notificadas en libertad. Una de ellas, que ya enfrentaba un proceso por tráfico de estupefacientes en el norte del país y cumplía prisión domiciliaria, se dio a la fuga tras la audiencia de formalización, pese a que el Ministerio Público Fiscal había solicitado su detención preventiva.

La repercusión pública del caso y el allanamiento en la oficina de Pocito motivaron al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a iniciar una auditoría interna. Esta revisión permitió detectar 22 casos adicionales de falsificación ideológica de documentos a finales de julio, de los cuales 18 estaban en grado de tentativa y cuatro se habrían consumado.

Con estos nuevos elementos, el fiscal Alcaraz y la auxiliar fiscal Rodríguez profundizaron la investigación en colaboración con la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan de Gendarmería Nacional.

Por este motivo, el 22 de septiembre se realizaron diez nuevos allanamientos, en los que se incautaron teléfonos celulares, bicicletas y aires acondicionados adquiridos mediante las estafas. Además, se concretaron las detenciones de otros dos acusados.