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Estafaron al hermano de un ex funcionario de Alberto Fernández y sacaron un préstamo a su nombre

Se trata del familiar de Alberto Hensel. Le robaron el documento, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y lo endeudaron por más de $2 millones. La sospechosa quedará en libertad mientras dure la investigación

La acusada utilizaba las tarjetas y cobraba la jubilación del hombre (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)
La acusada utilizaba las tarjetas y cobraba la jubilación del hombre (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)
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Una mujer está acusada por realizar una estafa millonaria en perjuicio de uno de los hermanos del ex ministro de Gobierno de San Juan y ex secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel.

La víctima, V. B. Hensel, de 84 años. La cifra total sustraída supera los 2,1 millones de pesos, y la sospechosa, identificada como L. N. A., seguirá en libertad mientras avanza la investigación.

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La historia comenzó a tomar forma en abril de este año cuando la salud de la víctima comenzó a desmejorar, por lo que debió ser hospitalizado primero en el hospital Ventura Lloveras y luego trasladado al Hospital Rawson, donde le diagnosticaron insuficiencia renal.

La familia del jubilado reaccionó cuando, ante la crítica situación médica, sus hermanos asumieron el control de sus asuntos personales y económicos. Al intentar hacerse cargo de sus finanzas, descubrieron que la tarjeta bancaria de la cuenta en el Banco Nación no se encontraba bajo el resguardo de V. B. Hensel, sino en poder de L. N. A., una mujer que decía ser su amiga y que mantenía un vínculo de confianza previo.

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Alberto Hensel fue secretario de Minería de la Nación (@ArgentinaProj)
Alberto Hensel fue secretario de Minería de la Nación (@ArgentinaProj)

De acuerdo con lo informado por el portal El Tiempo de San Juan, el hallazgo llevó a los familiares a exigir la restitución de la tarjeta. Frente a la negativa de la mujer y las amenazas por parte de un hombre, cómplice de la estafadora, los hermanos de Hensel procedieron al bloqueo inmediato del plástico. Esta medida no solo frenó nuevas extracciones, sino que permitió descubrir la magnitud del perjuicio financiero.

Mediante el monitoreo de los movimientos bancarios, determinaron que la totalidad de los haberes jubilatorios de abril —cerca de $600 mil— fueron retirados el 5 de mayo por medio de tres extracciones y una transferencia electrónica de $523.000 a nombre de la acusada. Además, la revisión reveló un préstamo de $1.500.000, solicitado a una empresa prestamista, fondos que también desaparecieron a través de retiros y transferencias hacia cuentas de terceros vinculados a la acusada.

La familia de la víctima aseguró que ninguno de los bienes adquiridos por la estafadora benefició al jubilado
La familia de la víctima aseguró que ninguno de los bienes adquiridos por la estafadora benefició al jubilado

De acuerdo con la familia, el damnificado nunca utilizó canales digitales, computadoras o teléfonos inteligentes, descartando su participación directa en el trámite virtual del crédito.

En su presentación, los Hensel detallaron a la UFI Delitos Informáticos y Estafas que ninguno de los bienes adquiridos con ese dinero benefició al jubilado. Las facturas recopiladas incluyen la compra de motocicletas, ropa, calzado, ventiladores, frazadas y electrodomésticos para uso personal de la acusada y su entorno. También compró una motocicleta Zanella ZB 110, una Gilera y una bicicleta playera, además de otros artículos.

Luego de radicarse la denuncia en la UFI especializada en junio, la causa continuó su trámite hasta la audiencia de formalización celebrada ayer martes en Tribunales, bajo la presidencia del juez de Garantías Federico Rodríguez. El magistrado resolvió que L. N. A. permanezca en libertad, pero le impuso un riguroso régimen de restricciones.

Entre las medidas, la acusada debe presentarse cada 30 días en la comisaría de Media Agua, mantener una distancia mínima de 100 metros respecto de la víctima, no salir del territorio sanjuanino sin aval judicial y evitar cualquier contacto directo o virtual con el damnificado. La investigación, liderada por el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Franco Rodríguez, se desarrollará durante los próximos seis meses para reunir todas las pruebas documentales, bancarias y testimoniales.

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