La ministra Patricia Bullrich anunció el hallazgo de 510 kilos de droga ocultos dentro de un torno industrial que fue trasladado desde Perú hasta España y que pasó por Argentina, con escalas en la Aduana de La Quiaca, en un depósito fiscal de Villa Soldati, para terminar en el puerto de Algeciras, un caso investigado por la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la DFI de la Policía Federal, la PROCUNAR, a cargo del fiscal Diego Iglesias y el Juzgado en lo Penal Económico N°8 de Gustavo Meirovich.
Reunir más de media tonelada de cocaína de alta pureza y moverla al otro lado del mundo -oculta en una máquina industrial, en compartimentos de plomo y untada con grasa para que perros y scanners no la detecten- es una maniobra que requiere ingenio y determinación. También, una sólida agenda de contactos en el mundo del hampa y un buen fondo de inversión: no cualquiera compra media tonelada. Pero, por sobre todas las cosas, requiere poder de mando, o poder a secas.
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El caso no está cerrado, bajo ningún punto de vista. La investigación sigue en Argentina, Perú y España, en busca de la respuesta a esa pregunta elemental: ¿quién es el capo detrás de esa droga, un nuevo símbolo del negocio más lucrativo del hampa sudamericana?

Los prestanombres y la pista española
En la conferencia, Bullrich anunció una serie de detenidos en territorio argentino.
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Nombró a Ulises Curá, un despachante de Aduana que operó en Orán, provincia de Salta, para ingresar el aparato de 3500 kilos al país. Luego, a Ramiro Franco Ureña y su pareja, Máxima Ovando, los socios titulares de Import Export Management SRL, la empresa registrada como exportadora del torno. Finalmente, a Javier Carhuaya Rojas, peruano, supuesto financista, según la ministra misma.
Pero Franco Ureña y Ovando, nacidos en Bolivia, comerciantes según ellos mismos, crearon la empresa en octubre de 2024 en un registro de Morón, una cáscara fiscal para mover el torno narco. Nunca habían tenido un trabajo en blanco en su vida. Ni siquiera registraban deudas bancarias recientes, una tarjeta de crédito, nada.
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De repente, Ureña se inscribía en ARCA como empresario. Radicó Import Export en su casita del Bajo Flores, ubicada a cuatro cuadras de la cancha de San Lorenzo. La casita fue allanada por la PFA. No fueron encontrados allí: los capturaron en la vieja casa de Ovando en la periferia de una villa de Ingeniero Budge, frente a una calle de tierra. Les incautaron sus celulares, que podrán ser peritados.
Javier Carhuaya, de 41 años, tuvo un par de empleos en blanco en su vida. Cayó en la zona de Ingenierio Allan, provincia de Buenos Aires. Su nombre no figura en ninguna condena narco del fuero federal porteño o bonaerense de los últimos 12 años. De acuerdo a investigadores, recibió dinero de la empresa que importó el torno en España, llamada Palets Extremadura Store. El monto no fue fabuloso; apenas unos pocos pesos.
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Hubo otros cuatro detenidos en España. El principal es Juan Carlos Muñoz Bordallo, presunto administrador de Palets Extremadura. Se vinculan a él Ismael Alonso Fernández y Antonio Toscano González. La pregunta de las autoridades fue obvia: ¿para qué necesita una empresa así, que en los papeles no se de dedica a la metalúrgica, un torno centromecanizado de 3500 kilos? Por otra parte, de acuerdo a un informe reservado al que accedió Infobae, Palets Extremadura fue constituida legalmente en septiembre de 2024.
Hasta aquí, se trata de prestanombres, administrativos, engranajes. Entonces, de vuelta, ¿quién conecta todo esto? Hay una teoría entre los investigadores. “Más que una teoría, es casi una certeza”, asegura uno de ellos.
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Las cabezas principales de la causa creen que no se trata de un narco argentino, o, al menos, uno que opere en territorio nacional, sino de un posible consorcio “entre narcos peruanos y españoles”, continúa la misma fuente. “Esto viene de datos de inteligencia. La Policía de Perú volteó varios envíos similares. Es posible que la cocaína sea de Colombia, y no de Perú, que tiene producción local. Pero, realmente, esto sí que es un misterio”.

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