Los cinco miembros de la patota de la UOCRA acusados del ataque que dejó en coma a Fabio Dante Cattani, un contratista de Santa Cruz, seguirán detenidos. Así lo determinó la Justicia en las últimas horas, cuando ordenó la prisión preventiva de todos los imputados en el marco de la causa en la que se los investiga por intento de homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas.
Los involucrados son Carlos Tapia, Oscar Aranda, Osvaldo “Neri” B., Fabián Hernández y Franco Moreyra, secretario general del gremio en Puerto Deseado. Los primeros cuatro fueron detenidos a fines de agosto a partir de la intervención del juez Gabriel Contreras, quien tomó el caso luego de que su colega Jésica Hernández se excusara del expediente al estar su hermano entre los sindicados.
Moreyra, en cambio, fue detenido días después acusado de ser el instigador de la feroz golpiza dejó a la víctima en terapia intensiva sin el bazo ni un testículo, con ocho costillas fracturadas y con el funcionamiento solo de medio pulmón. En los últimos días, su salud mejoró y salió del coma tras casi un mes, aunque continúa internado.
“Me pegó Moreyra y su patota”, había llegado a decir Cattani (56) a su esposa momentos antes de quedar en coma. La situación del imputado es compleja en esta causa: hay nueve testigos directos que aseguran que ese 11 de agosto, cuando la patota de la UOCRA llegó a la obra en la que estaba el contratista en el Sindicato de Judiciales, fue él quien gritó “a Cattani hay que matarlo”, según confiaron fuentes del caso a este medio.
En ese contexto, agredieron a la víctima que terminó escondido debajo de la camioneta para evitar que lo mataran ahí mismo. La paliza cesó, siempre según las fuentes del caso, cuando Moreyra dijo: “Bueno, basta”. Segundos antes, los policías que miraban la agresión como espectadores habían intentado hacer algo para frenar la violencia.
“Muchos de esos agentes aseguraron en testimoniales que Moreyra no pegó. Sí, ordenó. Pero, hay otros dos testigos que lo sindican como uno de los agresores”, ampliaron quienes accedieron al expediente.
Cattani perdió cuatro litros de sangre en el ataque. Tras más de tres semanas en estado de coma, sus médicos recién vieron mejoras alentadoras durante los últimos días y lograron sacarlo del coma. No obstante, según aclararon fuentes del caso a este medio, no saben aún las secuelas que le pueden llegar a quedar. La noticia positiva es que ya le quitaron el respirador. Está internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.
El hecho
Todo sucedió el pasado 11 de agosto en una obra del Sindicato de Judiciales de Puerto Deseado, sobre la calle Ramos Mejía, entre 141 y Pachululu.
Esa mañana, dos patrulleros acudieron al lugar debido a una manifestación vinculada a la UOCRA. En ese contexto, arribaron dos camionetas y cuatro autos con entre 30 y 40 ocupantes. Entre ellos fueron identificados Franco Moreyra, Fabián Hernández, Carlos Tapia y Oscar Aranda, apodado “Cachumba”.
Según la denuncia presentada por Sonia, la esposa de la víctima, al descender de uno de los vehículos, Moreyra lanzó una orden tajante: “A Cattani hay que matarlo”. De inmediato, el grupo comenzó a golpearlo con patadas y puñetazos. Incluso, lo atacaron cuando ya estaba en el suelo.
Tres testigos confirmaron la participación de los acusados. Además, los agresores se llevaron una pistola calibre 9 milímetros registrada en la ANMaC a nombre del contratista y su teléfono celular.
La Policía no intervino para frenar la violencia, según la denuncia, aunque luego trasladó a Cattani al hospital local. Allí fue atendido y dado de alta, pero horas después regresó por una descompensación y quedó internado.
Durante la madrugada, una tomografía reveló la rotura de bazo que provocó un shock hipovolémico. Fue sometido a una esplenectomía total en la que recibió una transfusión de cinco litros de sangre. Tras la cirugía, alcanzó a relatar lo sucedido, pero poco después tuvo que ser inducido a coma en terapia intensiva.
El comunicado
Este jueves, la UOCRA emitió un comunicado sobre lo ocurrido: “La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expresa su repudio a los hechos violentos sufridos por un contratista de obra en la localidad de Puerto Deseado, alienta la investigación por parte de las autoridades competentes y solicita el pronto esclarecimiento y sanción ejemplar a los autores responsables”, reza el documento.
En el mismo documento, el gremio denunció que los actos registrados en Santa Cruz son “reñidos con el legítimo ejercicio de la función sindical” y “atentatorios de la paz social”.
La organización afirmó que se encuentra “a entera disposición para el esclarecimiento de estos hechos y para el resguardo” y remarcó su compromiso con el respeto a la ley y el diálogo como vía para resolver conflictos.
El mensaje cerró con la frase: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.
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