Un operativo bautizado como “Farmacia Trucha” permitió a la Policía Federal Argentina (PFA) desarticular una organización dedicada al comercio ilegal de medicamentos en el partido bonaerense de La Matanza.
La investigación, supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, concluyó con el secuestro de una gran cantidad de fármacos cuyo valor de mercado supera los 8 millones de pesos.
La pesquisa comenzó a partir de una denuncia anónima presentada en la División Denuncias Federales de la PFA, que dio intervención inmediata a la División Delitos Contra la Salud Pública.
Con esta información inicial, y bajo la autorización del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo de Juan Manuel Culotta y de la Secretaría 11 de Leonardo Cano, los agentes iniciaron las tareas de investigación.
De acuerdo con las pruebas reunidas, la comercialización de medicamentos se llevaba a cabo en dos puestos de la feria conocida como “Casmma”, ubicada en Rafael Castillo, partido de La Matanza.
Allí, según se constató, se ofrecían de manera libre fármacos de distinto tipo, incluso psicotrópicos, sin receta ni autorización alguna.
A medida que avanzaban las diligencias, los investigadores también identificaron dos domicilios relacionados con las maniobras ilícitas: uno en Villa Luzuriaga, sobre la calle Alberto Lartigau, y otro en Isidro Casanova, en la calle Lascano.
Con las pruebas en mano, el juez y la secretaría interviniente ordenaron cuatro allanamientos simultáneos en los lugares identificados.
Durante los procedimientos, los efectivos de la PFA encontraron a dos personas: una mujer de 61 años y un hombre de 25, ambos de nacionalidad argentina, que fueron identificados como presuntos responsables de la actividad ilegal.
El resultado de los operativos incluyó el secuestro de una enorme cantidad de medicamentos en distintos formatos y presentaciones. Entre lo incautado se contabilizaron ibuprofeno, calmantes de uso odontológico, amoxicilina, paracetamol, analgésicos para diferentes tipos de dolores, antiespasmódicos estomacales, broncodilatadores, antidiarreicos y antipiréticos.
Todo este material fue valuado en una cifra que, según cálculos de los investigadores, supera ampliamente los 8 millones de pesos.
Las actuaciones quedaron registradas en el marco de una causa por infracción a la Ley 26.524, que regula la Salud Pública y el Comercio Ilegal de Medicamentos.
Los elementos incautados y los identificados quedaron a disposición del magistrado interviniente, quien deberá resolver la situación procesal de los involucrados.
El procedimiento se suma a una serie de operativos realizados en distintos puntos del conurbano bonaerense con el objetivo de combatir el comercio clandestino de medicamentos, que representa un riesgo para la salud pública por la falta de controles de calidad y por la venta indiscriminada de productos que requieren supervisión médica.
También en la Ciudad
Una investigación de la Policía de la Ciudad permitió a fines de julio pasado desarticular un centro de salud que operaba sin habilitación en pleno Barrio 31, donde se prestaban servicios médicos a personas vinculadas a hechos delictivos.
El lugar fue clausurado tras un allanamiento que reveló la existencia de insumos vencidos, documentación apócrifa y equipamiento médico no autorizado, lo que derivó en la imputación de los dos médicos a cargo.
El operativo, encabezado por la División Investigaciones Especiales, se desarrolló en una vivienda ubicada sobre Sara Beatriz Fernández al 400, en el marco de una causa por ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos públicos y comercialización indebida de medicamentos.
Según la investigación, el consultorio funcionaba en condiciones irregulares, sin habilitación oficial ni controles sanitarios. En el lugar se identificó a dos personas que ejercían la medicina, un hombre de 58 años y una mujer, quienes fueron imputados por infracción al artículo 204 del Código Penal, que sanciona la propagación de enfermedades, además de violaciones a la Ley 17.132, que regula el ejercicio de la medicina, y a la Ley 16.463, referida al régimen legal de medicamentos.
Durante la inspección, los oficiales hallaron evidencia que confirmaba la existencia de una clínica ilegal. Entre los elementos secuestrados había camillas, estetoscopios, termómetros, nebulizadores, un ecógrafo, y un sistema para monitoreo de glucemia. También se incautaron medicamentos vencidos, recetas oficiales con sellos falsificados del Hospital Fernández, y certificados médicos adulterados, algunos de ellos firmados en nombre de un profesional ajeno al establecimiento.
Pero eso no fue todo. Los agentes también detectaron que uno de los imputados emitía recetas y certificados médicos utilizando el sello y la firma de un colega sin su consentimiento, lo que sumó un nuevo elemento a la acusación por falsificación de documentos públicos.
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