El fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, solicitó este martes que se tome declaración indagatoria a Cristian Graf (58), imputado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, en el marco de la investigación por el homicidio de Diego “el Gaita” Fernández Lima, ocurrido en 1984.
El pedido, presentado junto al secretario Leandro Alonso, fue elevado al juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, según el portal fiscales.gob.ar.
El requerimiento se basa en el hallazgo, el 20 de mayo de 2025, de restos óseos enterrados en la vivienda del acusado, ubicada en el barrio porteño de Coghlan. Las pericias del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaron que pertenecían a Fernández Lima, quien tenía 16 años al momento de su desaparición, el 26 de julio de 1984.
Por qué lo quiere indagar
En su dictamen, López Perrando sostuvo que, aunque no fue posible determinar la autoría material del homicidio, sí se acreditó que la víctima “fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita” el imputado.
Según el fiscal, el hombre ejecutó “diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad” inmediatamente después del hallazgo de los restos.
También afirmó que realizó manifestaciones para desviar la investigación “con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de su/s autor/es” y que “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”.
El escrito detalla que, cuando comenzaron trabajos de excavación en un terreno lindero a su vivienda, el acusado se mostró “preocupado” y advirtió a los obreros que no cortaran un árbol cercano a la medianera. Tras el hallazgo, habría ensayado distintas explicaciones, desde la existencia de una iglesia donde se habrían enterrado personas hasta la versión de que los restos llegaron inadvertidamente cuando solicitó tierra para rellenar su terreno.
La investigación estableció que el imputado y Fernández Lima fueron compañeros en la Escuela Nacional de Educación Técnica N°36 y compartían interés por las motos. Para el fiscal, las coincidencias confirmaron que el acusado conocía la existencia del cadáver en el fondo de su casa.
El caso
El hallazgo de los restos se produjo cuando un grupo de obreros levantaba una medianera en la propiedad de avenida Congreso 3748, donde se produjo un desmoronamiento de tierra proveniente del chalet lindero, en Congreso 3742, habitado por el sospechoso desde la década de 1970.
En el terreno, además de unos 150 fragmentos óseos, se encontraron objetos como una moneda japonesa, un reloj Casio con calculadora fabricado en 1982, una ficha de casino, un llavero flotante con una llave, una hebilla de cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata de uniforme escolar.
Las pericias determinaron que el adolescente recibió una puñalada en el tórax, que dejó una marca en la cuarta costilla derecha, y que tras el crimen intentaron desmembrarlo con un serrucho, aunque no lo lograron. Fue enterrado a unos 80 centímetros de profundidad.
La difusión del caso motivó que un sobrino de Fernández Lima se comunicara con la fiscalía. Al analizar una muestra de ADN de la madre del adolescente, hoy de 87 años, se confirmó la identidad del joven.
Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, después de almorzar con su madre en su casa de Villa Urquiza y pedirle dinero para tomar un colectivo hacia lo de un amigo.
Un conocido lo vio por última vez en Rómulo Naón y Monroe. Nunca llegó a su clase en el ENET N°36, entonces ubicada en Ballivián y la actual Combatientes de Malvinas. Esa noche, sus padres denunciaron la desaparición en la comisaría 39, donde se asentó como “fuga de hogar”.
La familia emprendió una búsqueda con panfletos y apariciones en medios, pero no obtuvo respuestas. El padre murió sin conocer el destino de su hijo, mientras que su madre y hermanos continuaron la búsqueda durante más de cuatro décadas.
En el dictamen, el fiscal remarcó que el acusado mantuvo “absoluto silencio” desde el hallazgo, lo que, sumado a sus manifestaciones evasivas y las maniobras de ocultamiento, constituyen indicios de entorpecimiento de la investigación. Solicitó su citación en orden a los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, cuyas penas van de 1 a 6 años y de 1 mes a 4 años de prisión, respectivamente.
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