Análisis del Cien señala retos clave para el nuevo MP de Guatemala ante una minoría de casos judicializados entre 2018 y 2025

El centro de investigaciones CIEN presentó, dentro de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, un análisis sobre el Ministerio Público que sitúa el principal desafío de la próxima administración en una pregunta concreta: si el crecimiento territorial, presupuestario y operativo de la institución se ha traducido en más capacidad investigativa y en una justicia penal efectiva.

La exposición, centrada en “Oportunidades y Desafíos para la Nueva Administración del Ministerio Público”, vinculó esa discusión con el papel constitucional del ente acusador y con los resultados que hoy exhibe el sistema penal.

El dato más contundente apareció en la evaluación de desempeño institucional: según David Casasola, para 2025 solo el 44.3 % de las víctimas de delitos denunció, mientras el 55.7 % no lo hizo. Esa cifra, expuesta a partir de una encuesta de ocurrencia delictiva citada por Cien, fue presentada como una señal de que la expansión territorial no modificó de manera decisiva la disposición de la población a acudir al sistema.

Francisco Quezada, analista de Cien, explicó que el Ministerio Público opera dentro de la justicia penal como el vehículo estatal que investiga los hechos ilícitos y, si encuentra elementos, formula la acusación.

En su exposición recordó que esa función se inscribe en un esquema de tres actores: la tesis del Ministerio Público, la antítesis de la defensa y la síntesis que resuelve el juzgador mediante sentencia.

Quezada sostuvo que la lógica de la justicia penal parte de la protección de valores reconocidos por la ley, como la vida, la integridad y la propiedad. Cuando esos bienes son transgredidos, dijo, el Estado reacciona a través del derecho penal, que puede restringir derechos constitucionales como la libertad, el patrimonio e incluso la vida, en los casos en que el ordenamiento contemple pena de muerte.

La reducción de mora no elevó la judicialización de los casos

Casasola sostuvo que el aumento de sedes tampoco garantizó por sí solo un incremento claro en la denuncia. Según los datos expuestos por Cien, mientras en 2016 casi siete de cada 10 denuncias se presentaban en la Policía Nacional Civil, en 2025 esa proporción bajó a casi cinco de cada 10, y el Ministerio Público pasó de captar el 20 % al 44 % de las denuncias.

Esa variación, dijo, debe evaluarse junto con otro cambio institucional: la posibilidad de interponer denuncias digitales habilitada desde la pandemia. Para el analista, el crecimiento de denuncias recibidas directamente por el Ministerio Público puede obedecer tanto a la presencia territorial como a esa vía remota.

El segundo desafío, según Casasola, es la gestión de los expedientes. Explicó que a finales de 2019 comenzó a implementarse de forma gradual el modelo de gestión integral de casos, diseñado para dividir el trabajo entre equipos que atendieran expedientes recientes y equipos que resolvieran casos antiguos con salidas procesales más rápidas.

El resultado agregado de ese esquema fue una caída acelerada de la mora fiscal. Según los datos citados de la plataforma Flujograma, el Ministerio Público pasó de alrededor de 2,4 millones de casos activos pendientes en 2014 a 2,2 millones en 2020, 1,3 millones en 2022, 404.000 en 2023 y 198,000 en 2025.

Casasola advirtió que esa reducción cuantitativa no implicó una mejora equivalente en la investigación. Al examinar las salidas de los casos, afirmó que la mayoría corresponde a archivos, prescripciones o decisiones de no continuar por falta de elementos, mientras la proporción que llega a judicialización cayó de 9,6 % a alrededor de 5 % y promedió 3,5 % entre 2018 y 2025.

La consecuencia, resumió, es que casi 96 de cada 100 casos no terminan en una vía que implique acusación penal. En delitos de homicidio simple y calificado, añadió, acusaciones y sentencias apenas promedian cerca del 7 %, y la salida más frecuente sigue siendo el cierre en sedes fiscales.

El crecimiento presupuestario del Ministerio Público superó al de otras instituciones del sistema penal

Para Casasola, el tercer desafío es recuperar una visión integral del sistema de justicia penal. Señaló que el Ministerio Público depende de la coordinación con la Dirección de Investigación de la Policía Nacional Civil, el Inacif, la defensa pública y otras entidades, y que fortalecer a una sola institución sin equilibrar a las demás limita el resultado final.

También mencionó problemas en los espacios de coordinación. Según su exposición, la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, presidida por el Organismo Judicial, enfrenta debilidades porque desde el año pasado el Ministerio de Gobernación no participa en esa mesa.

El cuarto desafío es la administración de una institución que cambió de escala. Según Casasola, el presupuesto del Ministerio Público pasó de Q1.691 millones en 2018 a Q3.800 millones en 2025, y para 2026 alcanzó un nivel equivalente a 1,2 veces el presupuesto del Organismo Judicial, 12,4 veces el del Instituto de la Defensa Pública Penal, 12,3 veces el del Inacif y ocho veces el del sistema de atención a la víctima.