Detuvieron a una mujer acusada de haber realizado tres amenazas de bomba en los Tribunales de Morón

A lo largo de la investigación se determinó que la sospechosa era la madre de una mujer, que tenía una causa por violencia familiar

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La mujer quedó a disposición
La mujer quedó a disposición de la Justicia y será indagada por el fiscal Filippini

Luego de que abrieran una investigación para dar con la persona responsable de enviar amenazas de bomba a tres dependencias de la Justicia de Morón, este jueves fue detenida una mujer de 65 años. La acusada podría afrontar una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

El arresto se produjo en la vivienda de la sospechosa, ubicada en la localidad de Glew, al sur del Conurbano bonaerense. De esta manera, se espera que sea indagada próximamente por el fiscal Nicolás Filippini, de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial Morón, bajo la imputación de intimidación pública reiterada en tres ocasiones.

Prepárense a morir en cualquier momento porque escondí una bomba ahí adentro, que cuando se me cante el culo la voy a hacer explotar”, había sido el mensaje que la mujer había enviado a las oficinas judiciales. A raíz de esto, se ordenó la evacuación inmediata del edificio, mientras que la Brigada de Explosivos inspeccionó la zona, pero no encontró elementos peligrosos.

Después de que ordenaran rastrear el origen de los correos electrónicos, el fiscal solicitó una autorización para allanar la vivienda de la mujer. Además, el operativo incluyó el cruce de datos con una causa previa en la que la hija de la mujer había sido condenada por violencia familiar.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, la vinculación con la causa contra su hija fue el dato que permitió descubrir a la acusada. En este sentido, las autoridades explicaron que las amenazas estuvieron motivadas por una causa que definió la tenencia de su nieto.

Varios elementos fueron secuestrados en
Varios elementos fueron secuestrados en la vivienda de la acusada, los cuales serán peritados para determinar si fueron los utilizados para enviar las amenazas (CIJur)

En línea con esto, indicaron que la Fiscalía Nº 4 fue la primera oficina en recibir las amenazas, ya que intervino inicialmente en la causa que involucraba a su hija. Más adelante, el expediente se radicó en la UFI Nº 2 y, finalmente, el Tribunal de Familia Nº 1 resolvió retirar la tenencia de la criatura a la joven madre, lo que terminó por vincular todos los hechos bajo un mismo hilo conductor, debido a que se trataron de todas las dependencias que fueron amenazadas.

Durante el allanamiento que se realizó en la vivienda de la acusada, se secuestró un celular y una tablet para peritajes. El objetivo será establecer si estos dispositivos fueron utilizados para emitir los mensajes amenazantes vía correo electrónico.

“Una amenaza de bomba es un delito y tiene condena penal”, señalaron las fuentes judiciales al apuntar que las amenazas también complicaron al normal funcionamiento de los departamentos judiciales. “Hasta hubo que evacuar de urgencia a la guardería, con niñas y niños en la calle en medio del frío y sin entender qué pasaba”, recordaron.

Por este motivo, la mujer enfrentaría una causa penal bajo la figura de intimidación pública, delito que prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

Amenazas de bomba en la Justicia de Morón

Según la reconstrucción del caso, la última amenaza que se registró en la Justicia de Morón databa del pasado 12 de junio. En esa oportunidad, se ordenó una evacuación preventiva, luego de que una llamada anónima comunicara al 911 que había una bomba instalada en los tribunales.

A raíz de esto, el personal de la Brigada de Explosivos revisó las instalaciones por completo y confirmó que la alarma fue falsa. La mayoría de las personas ya se había retirado, ya que el hecho ocurrió cerca de las 14, en el horario habitual de salida del personal.

Tras comprobar que no existía peligro, la Policía permitió el regreso del personal a sus oficinas. Hasta el momento, no se pudo determinar si la amenaza estuvo vinculada a alguna audiencia específica que se realizaba en el lugar o si formó parte de una maniobra para generar temor.

Por este hecho, se inició una causa penal por intimidación pública en la Fiscalía Nº 7 de Morón, bajo la responsabilidad del fiscal Matías Rappazzo.

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